El Partido Popular de Aragón diseñará en los próximos días una campaña en la comunidad autónoma para explicar por qué el Estatuto de Cataluña no debe ser tomado en consideración el próximo día 2 de noviembre en el Congreso de los Diputados y para denunciar que es un texto "anticonstitucional".

Así lo aseguró ayer el presidente de los populares aragoneses, Gustavo Alcalde, en una rueda de prensa convocada para informar sobre los asuntos tratados en el Comité de Dirección. Alcalde señaló que la propuesta catalana no es una modificación de un Estatuto de Autonomía, sino que es "una reforma constitucional pura y dura", ya que la reforma estatutaria se arroga el derecho a cambiar cuestiones "muy importantes" de la Constitución.

Para Alcalde, el texto es contrario a la Carta Magna porque "cuestiona el concepto de nación, dándole el mismo apelativo a Cataluña y contradiciendo algo tan evidente como que una nación no puede contener a otra". También mostró su preocupación por el contenido del Estatuto en cuestiones que afectan a "la igualdad de los españoles" o a "la libertad de actuación y de empresa, que ha caracterizado históricamente al pueblo catalán".

Para Alcalde, el Estatuto reformado desde Cataluña da "una muestra de intervencionismo como no se había visto nunca igual", al entrar a controlar desde las instancias políticas todas y cada una de las partes de la actividad económica y social de los catalanes. El Estatuto catalán "dinamita el modelo de Estado de 1978 que tantos beneficios ha supuesto para el conjunto de la sociedad española", según el dirigente del PP, quien criticó que el texto entienda la financiación como "una cuestión bilateral" entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España.

"Si este modelo se extendiera a otras comunidades, dinamitaría el actual modelo territorial porque es imposible concebir un Estado en el que la solidaridad no sea la línea de actuación en el conjunto del país".

A juicio de Alcalde, "los impuestos no los pagan los territorios, sino los ciudadanos", al tiempo que rechazó el modelo "egoísta" de financiación autonómica que plantean "algunos políticos catalanes". Acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber actuado de forma "irresponsable" en esta cuestión por haber impulsado directamente un Estatuto, que "viene a quebrar las normas de convivencia en el país".