De nuevo el tranvía volvió ayer al salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo hizo al calor de la investigación judicial abierta y a las puertas de una campaña electoral con el enésimo intento fallido del PP de sacar tajada de las dudas sobre su construcción. Esta vez pedía el cese de la gerente de la sociedad Los Tranvías, Ana María Moreno, no porque haya sido citada a declarar como imputada, sino por su "mala gestión de la obra y falta de transparencia". Y fracasó como siempre. Y como se quedó solo en la votación, aprovechó para arremeter contra el PSOE por ser responsable del "mayor caso de corrupción de esta ciudad" y contra el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) por ser "cómplice" de "tapar todas las trampas y marrullerías de las obras".

Así lo aseguró el edil del PP Sebastián Contín, que acusó al alcalde Pedro Santisteve de ser "defensor sorprendente" del PSOE, porque "quien venía a barrer la corrupción acaba de expresar su voluntad de tapar este asunto". Por estar "cubriendo a Acciona, FCC y CAF" y tener con el PSOE "un pacto: usted no habla del tranvía y a cambio se queda en la silla". "Es la nueva confluencia: tranvía en común", añadió.

La retahíla de acusaciones, cada vez menos veladas de Contín, puede derivar en nuevas actuaciones judiciales y más delitos a sumar a los "más de ocho" que, según el conservador, se investigan en estas obras. De momento, el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, pidió la transcripción del acta del pleno "para lo que pueda dar lugar" y su todavía homólogo en el PP, Eloy Suárez, también la pidió, por si acaso o por acto reflejo.

Los ánimos ya estaban muy alterados en las bancadas. Incluso el alcalde intervino en el debate, para cerrarlo, mostrando su deseo de que "el poder judicial ponga punto final a este asunto, pero también al del caso Bárcenas y el de Púnica". Penúltimo revés a Contín, el último fue la soledad en la votación.

Porque no solo votaban PSOE y ZeC. También Ciudadanos, cuya portavoz, Sara Fernández, consideró que no se puede pedir el cese porque no tienen "toda la información necesaria" y porque "no es un cargo político" y, en su caso, "no son aplicables las medidas anticorrupción".

Carmelo Asensio, de CHA, consideró que "no parece de recibo que pidan su cabeza" cuando solo hay diligencias previas y "una citación para esclarecer las cuestiones que motivan esta causa". Serían "decisiones precipitadas".

La socialista Lola Ranera lamentó que el PP por fin haya "conseguido la foto de tranvía versus juzgados". A su juicio, a pesar de los interminables debates que han provocado, "no ha escuchado ni entendido que jamás se ha pagado una obra que no se haya hecho, que ni siquiera se pagaba por obras sino por hitos, ni que existía un precio cerrado". Pero porque "pidió mucha información que jamás se leyó después". Recordó a Raúl Ariza, el único concejal que sí lo hizo --su "luz y guía" ahora--, llegó a decir que "si fuera responsable de una empresa jamás elegiría este modelo de contrato porque todo lo que aparezca te lo tienes que comer con patatas". "Solo buscan profundizar en la desafección hacia los políticos y judicializar todo, pero en política todo son vasos comunicantes y lo acabarán pagando".