La Cámara de Cuentas ha alertado de «numerosas irregularidades» en la gestión de las finanzas del Ayuntamiento de Caspe entre los años 2013 y 2015 -entonces con Pilar Herrero (PP) como alcaldesa-, donde el órgano fiscalizador asegura que no existe «ningún control de legalidad sobre la gestión económico financiera» del consistorio.
El trabajo de la entidad fiscalizadora se ha visto «muy limitado», según el informe emitido, al no haber sido posible «verificar totalmente la seguridad y corrección de su contenido». No obstante, de la documentación revisada se desprende que existen «numerosas irregularidades», como una diferencia de cuantías entre los saldos bancarios que presenta la cuenta del ayuntamiento y la información proporcionada a la Cámara de Cuentas por las entidades bancarias.
Estas diferencias, añade el informe, también se han encontrado entre la información sobre deudores y acreedores que ofrece el consistorio y la que los interesados han confirmado al órgano fiscalizador de Aragón.
El informe también recoge modificaciones presupuestarias que no cumplen los requisitos exigidos en la normativa de aplicación y que, en ocasiones, no han tenido un adecuado reflejo en la liquidación presupuestaria, así como diferencias significativas entre los derechos reconocidos contabilizados por los distintos tributos y los padrones aprobados y anulaciones de derechos que no han podido ser comprobadas.
Además, en el área de personal se evidencia que falta una relación de puestos de trabajo que claramente detalle las características de cada uno y sus retribuciones, además de la cobertura de puestos de personal fijo a través de contratos de duración determinada.
MÁS INCUMPLIMIENTOS
En contratación, se pone de manifiesto el incumplimiento generalizado de la normativa reguladora de contratos en todos los analizados, tanto en el ayuntamiento como en la Institución Ferial.
La Cámara de Cuentas agrega que no existe una justificación de la necesidad de contratar; que no se concretan los criterios de valoración para la adjudicación de los contratos o la solvencia de los licitadores, que no se pondera adecuadamente el precio como criterio de adjudicación, y que no se realizan correctamente diversos aspectos del procedimiento.
En subvenciones, el ayuntamiento no dispone de un plan estratégico en el que se concreten los objetivos y financiación de las subvenciones y un gran número de ellas se conceden de forma directa y sin que se cumplan los requisitos exigidos por la ley.
Como ejemplo, se detalla que incluso en varias ocasiones se ha dado forma de subvención a lo que parece una contraprestación que el ayuntamiento da por la realización de algún servicio.
En las convocatorias de subvenciones analizadas se incumplen requisitos como detallar los criterios de valoración establecidos para la concesión de las ayudas y no se aprueba el gasto ni la cuantía máxima que se concede.
El informe concluye que la intervención municipal no ejerce su función de examinar si las actuaciones del ayuntamiento de Caspe cumplen los requisitos que las normas exigen, y que se limita a señalar si hay o no crédito en el presupuesto.
Herrero obtuvo el bastón de mando en febrero del 2013 gracias a una moción de censura contra el alcalde socialista Florencio Repollés, entonces ya enfermo, y que murió pocos meses después. La moción obtuvo el apoyo de los concejales de PP, PAR y Compromiso por Caspe.
