La Ley de Capitalidad continuará su tramitación parlamentaria después de que ayer se rechazara la enmienda a la totalidad que presentó en las Cortes el Partido Popular, y que solo encontró apoyo en el Partido Aragonés. A partir de ahora, seguirá su curso, aunque se tendrán que debatir las enmiendas parciales presentadas por los grupos, muy numerosas también en el caso del grupo popular.

El diputado del PP, Miguel Ángel Lafuente, expuso los argumentos por los que pedía la retirada de la ley. Un texto «oscurantista», sin la consulta ni participación «del resto de grupos», «restrictiva para la ciudad de Zaragoza», «una claudicación del alcalde Santisteve» y una ley que piensa poco en la integración de la gran ciudad con el resto de la comunidad autónoma y tiene más que ver con el acomodo de las relaciones entre el PSOE y Podemos. Lafuente exigió más diálogo y consenso, algo que también argumentó la diputada del PAR, María Herrero, la única formación que respaldó la enmienda de los populares, aunque la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, también denunció que no les gusta «nada» el contenido de la ley hecha «con nocturnidad, alevosía y pasteleando». Sin embargo, Gaspar también fue crítica con la oportunidad de la enmienda del PP. El diputado popular consideró «mucho mejor» el proyecto que preparó el PP en la legislatura anterior y que nunca salió adelante. En la propuesta presentada ayer, los populares defienden un sistema de financiación «radicalmente diferente», que sustituya a los ocho millones previstos por un fondo de capitalidad de 16 millones que se deberían incrementar progresivamente hasta alcanzar 20 millones en el 2020.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, fue el responsable del Gobierno encargado de defender el texto de la propuesta legislativa. A su juicio, es una ley participada por una mesa técnica con numerosos expertos en administración local y ordenación del territorio. «Contribuye a la normalización de las relaciones» entre dos instituciones que «no es bueno» que «vivan de espaldas». La ley propuesta, explicó, potencia una visión de Zaragoza integrada con el resto de Aragón y su integración en el entramado institucional de la comunidad, al tiempo que reconoce sus singularidades sin caer en el trato privilegiado.

El resto de grupos de la izquierda fue muy crítico con la presentación de la enmienda por parte del PP, «una pataleta» a juicio de la diputada de IU, Patricia Luquin, por la incapacidad de los populares en la legislatura pasada de presentar a tiempo una ley de capitalidad.

A juicio de Maru Díaz, de Podemos, la enmienda llevaba «trampa» y pretendía atrasar la aprobación de la ley para que el ayuntamiento se quede sin los ocho millones de financiación. Para la diputada de Podemos, al PP le sabe mal «que unos concejales y unos novatos» pudieran acordar lo que no pudieron acordar los populares en la anterior legislatura.