El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, que sancione y aperciba a la empresa concesionaria del transporte público, Auzsa, por los "constantes" y "reiterados" incumplimientos en cuestión de frecuencias y mantenimiento de los autobuses.
El concejal popular Sebastián Contín ha manifestado, en declaraciones proporcionadas por el PP, la preocupación de su partido ante estos "incumplimientos reiterados" en la contrata del autobús urbano, pero también por el nuevo conflicto laboral que amenaza con volver a perjudicar a los usuarios del servicio con paros.
El concejal popular ha recordado que el problema de las frecuencias, que es la queja más reiterada por los usuarios, ha conllevado ya dos sanciones, de alrededor de 100.000 euros cada una, para la empresa contratista en febrero y marzo.
Pero los retrasos, según Contín, se siguen produciendo, por lo que ha reclamado que el Gobierno de Belloch tome otras medidas para conseguir el objetivo, que no es recaudar las sanciones, sino "conseguir unas frecuencias adecuadas para el servicio, tal y como se recoge en el pliego de contratación".
Además, ha señalado como "extremadamente preocupante" la denuncia de los propios conductores sobre la falta de mantenimiento de los autobuses, tanto en limpieza como en deterioro de los asientos, el funcionamiento del aire acondicionado o los propios mecanismos de seguridad, como los frenos.
El concejal popular ha reiterado la petición del Partido Popular de aumentar el kilometraje del servicio del autobús "para paliar los recortes ejecutados por el PSOE y la necesidad de elaborar un nuevo plan de movilidad que reequilibre el transporte de la ciudad".
El PP exige que se devuelva al autobús el protagonismo que le pertenece, al ser el medio que utiliza cada día el 80 por ciento de los ciudadanos para desplazarse.
Finalmente, ante la "nueva amenaza" de conflicto laboral, Contín ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las partes, tanto de los trabajadores como de la empresa, porque "no puede ser que haya una tasa de conflictividad tan elevada en la empresa que presta un servicio esencial de la ciudad".
Pero también del Gobierno de Belloch, a quien aún no se le ha escuchado "una palabra" sobre este tema.
