Con todos los «demoledores» informes técnicos en contra --así lo reconocieron todos los partidos políticos--, tras estar un año haciendo caso omiso a las advertencias de Urbanismo y cuatro funcionando sin licencia de actividad, el edificio Aura podrá seguir funcionando como si nada hubiera sucedido. Porque la mayoría, formada por el PP, PSOE y Ciudadanos (C’s) decidió que el expediente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se pedía denegarla y empezar el procedimiento de nuevo, acabó retirado del orden del día. Ante la estupefacción del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y de Chunta, que no daban crédito a cómo se sorteaba políticamente un «acto reglado».

Una decisión a sabiendas de que contradice que las deficiencias señaladas por los técnicos, que apuntan al uso predominante de restauración y de discoteca que debería ser «accesorio, ponderado y equilibrado» con el equipamiento deportivo que debía ser --como centro de actividades náuticas-- que figuraba en el proyecto de obras para el que se concedió licencia. Pero la de actividad ya le fue denegada en el 2014, se volvió a pedir y hasta enero del 2017 no había respondido a las deficiencias señaladas por los técnicos. «Las ha agravado», aseveró el teniente de alcalde de Urbanismo, Pablo Muñoz.

«Estamos en un Estado de derecho y hay que darle la oportunidad a la empresa de que las subsane», argumentó la socialista Lola Ranera, que llegó a preguntar si este expediente se había «tramitado administrativamente con todos los informes y el trámite normalizado», que era como dudar sobre si había irregularides.

A lo que el conservador Pedro Navarro añadió que esta era una maniobra dirigida por uno de los asesores de Muñoz, «como sucedió hace dos años con el restaurante El Ciclón», ahora cerrado, y que no recibió «el mismo trato» que otros edificios sin licencia de actividad «como el Luis Buñuel». «No ha intentado buscar una solución» al Aura, recriminó.

Alberto Casañal, de C’s, reclamó hacer «una excepción» como la que se hizo con las fincas ilegales que acogen bodas, a las que se dio plazo hasta noviembre porque, como en el Aura, la decisión acarrearía consecuencias a terceros. Solicitaba un periodo transitorio para regularizarse, aunque llevan haciendo caso omiso.

Muñoz aseguró que «no se iba a ordenar el cierre inmediato» (como dijo el PP), sino que proponía iniciar una nueva licencia, pero subsanando las deficiencias. «Se les ha estado requiriendo y no parece que haya intención de rectificar», destacó Leticia Crespo, de CHA. Pero hacerlo, según los técnicos de Urbanismo, sería hacer que la restauración y la hostelería fuera «una actividad residual, no la predominante».