El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, defendió ayer en la Ciudad de la Justicia la
«limpieza, transparencia y legalidad» del primer ejercicio de las oposiciones a bomberos convocadas por la institución provincial en septiembre del año pasado, que solo fue aprobado por 20 de los 476 aspirantes. La prueba fue denunciada por un grupo de suspendidos que se querelló por supuesta prevaricación y tráfico de influencias por parte del tribunal y del propio responsable de la corporación. Los querellantes mantienen que las preguntas del examen se filtraron selectivamente antes de que este se celebrara.
En la misma comparecencia, que forma parte de la fase de instrucción, estuvieron asimismo como investigados el presidente del tribunal, Eduardo Sánchez Álvarez, y el vocal David Garcés Lasheras, que también negaron que hubieran favorecido a unos opositores en perjuicio del resto.
Sánchez Quero, al que la abogada Carmen Sánchez acusa de haber intervenido, presuntamente, en beneficio de los candidatos con los que tiene afinidades políticas y vínculos familiares o de amistad, subrayó que el tribunal que evaluó la prueba es «soberano e independiente y no admite injerencias».
«El presidente de la DPZ no está en ningún momento en las decisiones del tribunal, sino que se limita a firmar las resoluciones y propuestas que hace cada uno de los servicios», afirmó.
La acusación destaca en la querella que Sánchez Quero fue responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Aragón y que entre los aprobados figuran siete afiliados a este sindicato. Pero el presidente de la DPZ aseguró que, tras el proceso judicial, «quedará demostrado que ningún opositor de los que se presentaron a la prueba tiene relación conmigo, ni directa ni indirectamente».
En su opinión, los 20 aprobados eran «los mejor preparados» y «tienen derecho a continuar con los ejercicios». «De hecho», continuó, «también podrían reclamar».
La letrada Carmen Sánchez llamó la atención sobre el hecho de que las notas más altas del primer ejercicio las obtuvieron tres bomberos que estaban de interinos en el parque de Caspe, donde David Garcés es sargento jefe. Asimismo, señaló que se da la circunstancia de que uno de los aprobados con nota más alta es hermano de uno de los cargos de confianza, de libre designación, de la corporación provincial.
Sin embargo, Sánchez Quero se apoyó en un informe, emitido por el propio tribunal juzgador, según el cual el contenido del ejercicio «estuvo custodiado en todos momento y no se filtró nada». Además, se remitió al Estatuto Básico del Empleo Público, que prohíbe a los políticos formar parte de los tribunales.
