El presidente del Gobierno, Javier Lambán, echó ayer mano de su fina ironía. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se había mostrado, apenas un hora antes, "dolido" ante el hecho de no haberse podido reunir con el jefe del Ejecutivo autonómico. El socialista dijo que lo hará "en su momento", pero que en su opinión el regidor tiene otras prioridades, como aprobar el presupuesto del 2016, la plantilla municipal o la huelga del bus.

Lambán respondía así al alcalde, quien se había declarado "muy dolido" por el "silencio" que está guardando el presidente de Aragón después de haberle pedido mantener una reunión y no obtener contestación. "Yo no lo quiero importunar en este momento en el que él tiene que tener tanta dedicación a esos asuntos", dijo Lambán, quien indicó que en cuanto Santisteve se libere de sus tareas "más acuciantes" hablarán "sin ningún problema".

El alcalde admitió que está "muy sorprendido" porque "Zaragoza" no le ha dado motivos a Lambán "para ser maltratada, desde el punto de vista del silencio que está guardando". Añadió que está "dolido" porque el regidor siempre le ha hablado a Lambán de "lealtad institucional". "No se puede jugar a mantener un enfrentamiento" entre la DGA y el ayuntamiento "como ha ocurrido en gobiernos anteriores", algo que al regidor le gustaría cambiar. Destacó la importancia de que se mantenga la reunión entre Lambán y él, ya que a Zaragoza le "urgen" los 45,52 millones que se le adeuda en estos cuatro últimos años.

"Esto es urgente", enfatizó el regidor, quien ha apuntado que hay otras cosas que hablar de la ciudad, cuando "haya diálogo y predisposición a hablar", al tiempo que ha advertido de que en el ayuntamiento "imposiciones no vamos a tolerar ninguna".

La posición visiblemente molesta de Santisteve contrastó con la actitud que mostró el presidente de la comunidad, que tendió más hacia el desdén. Los acuerdos puntuales entre el Gobierno y el consistorio parecen no haber servido para suavizar las relaciones entre ambas instituciones.

La pasada semana las Cortes aprobaron el decreto para que el Ejecutivo abone los 14,8 millones correspondientes al convenio del tranvía. Pero las conversaciones por deudas mutuas entre ambas instituciones siguen sin avanzar. Y de la ley de capitalidad nadie sabe nada todavía. Cuestiones que no ayudan a mejorar las relaciones entre Gobierno y ayuntamiento.