Aragón es la primera comunidad autónoma que tiene previsto aplicar un protocolo específico para atender a mujeres discapacitadas víctimas de maltrato, y atendiendo a los recursos adaptados a sus necesidades. Eso concretó ayer la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, antes de reunirse con una quincena de asociaciones para concretar el que será el llamado Protocolo para la Prevención y Erradicación de la Violencia Machista en mujeres con discapacidad.

El principal objetivo de este programa es dotar de los mecanismos y recursos necesarios a estas víctimas para que puedan denunciar. "Queremos prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres y atender todas las realidades con las que nos encontramos", afirmó la directora del IAM.

Salvo explicó que, para su correcta elaboración se han diferenciado los ámbitos competenciales, incluyéndose como novedad, el educativo por su capacidad en relación con la formación y prevención. Cada uno de ellos se tratará en mesas específicas. La sanitaria será la primera, y se llevará a cabo con reuniones a partir del día de hoy. "Las mujeres con minusvalías sufren una doble discriminación, por ser mujeres y por ser discapacitadas, situación que se acrecienta en el medio rural", continuó Natalia Salvo. "Queremos afrontar esa doble discriminación". Algo que según la directora "es todo un reto". "Será un proceso complicado porque no tenemos ninguna otra referencia en todo el país", subrayó.

Aunque los problemas de las mujeres que sufren maltrato son comunes a todas, las que padecen una discapacidad se encuentran con la dificultad de que los recursos no están adaptados a sus necesidades. Así, ha puesto como ejemplo los teléfonos de atención a víctimas de maltrato (gratuito, no identificado y fácil de recordar 900 504 405), que aunque se han intentado adaptar para mujeres ciegas o sordas son "parches que han resultado insuficientes".