La Audiencia de Zaragoza ha condenado a penas de prisión a dos exdirectivos de Sarga por facturar gastos de kilometraje ficticios a fin de compensar la bajada de sueldo experimentada por uno de ellos a causa del plan de saneamiento puesto en marcha en esta sociedad pública aragonesa.
La sentencia, firme tras aceptar los acusados los hechos imputados, responsabiliza al acusado que se benefició de las falsas dietas, Silvio Dellepiene P.R., de un delito de malversación de 1.438 euros en concurso con otro de falsedad y le condena a 14 meses de prisión.
Los magistrados imponen, además, una condena de un año de prisión al exdirector gerente de la sociedad, Enrique M.B., por ponerse de acuerdo con el anterior para llevar a cabo el fraude.
En su relato de hechos probados, la sentencia señala que a consecuencia del plan de saneamiento impulsado por el Gobierno aragonés para 2014-2017, Silvio Dellepiene fue relegado del cargo de director del Departamento de Servicio Agrarios a una jefatura, pasando su sueldo de 49.000 a 43.000 euros anuales.
A pesar de que se le ofreció la posibilidad de resolver su relación laboral con una indemnización, el acusado optó, con el fin de no perder poder adquisitivo y obtener "un beneficio económico injusto a costa del erario público", ponerse de acuerdo con el gerente de la sociedad para cobrar falsas dietas.
Así, comenzó a introducir en sus partes quincenales de gastos kilometrajes ficticios, acordando con el responsable de Sarga que podría cobrar hasta un máximo de 3.000 euros anuales.
Según el tribunal, este acusado llegó a percibir entre septiembre de 2014 y febrero de 2016 un total de 1.438 euros, cantidad que consignó antes de la celebración de la vista para propiciar un acuerdo con la fiscalía.
Además de las penas de prisión, la sentencia condena a Silvio Dellepiane a 1.200 euros de multa y a un año de inhabilitación para ejercer cargo público.
Al exgerente de Sarga se le impone una multa de 720 euros y un año de inhabilitación.
Además, el tribunal acuerda la entrega de la cantidad pagada por el acusado Silvio Dellepiane al Gobierno aragonés en concepto de indemnización por las cantidades defraudadas.
