Los dieciséis detenidos en la operación Fonte-Kaiser por formar parte de una banda de narcotraficantes han evitado hoy ser juzgados en la Audiencia de Teruel, al alcanzar un acuerdo con el ministerio público, en el que han aceptado penas de cárcel de entre uno y cuatro años de prisión.
El acuerdo, por el que no se ha celebrado el juicio previsto para hoy, ha sido formalizado por la fiscalía, que reclamaba hasta 12 años de cárcel por tráfico de drogas y otros delitos, y los abogados de los 16 imputados en este caso, seis de los cuales permanecen en prisión.
Tras reconocer los hechos, el acuerdo establece condenas de entre tres y más de cuatro años de prisión por narcotráfico y pertenencia a grupo criminal para seis de los implicados, además de multas que van desde los 2.000 hasta los 20.000 euros.
Para las otras diez personas imputadas, el acuerdo incluye una pena de un año y seis meses de prisión por delitos contra la salud pública y multas de 1.000 euros.
La abogada de dos de los imputados que permanecían en prisión, Concha Lasarte, se ha mostrado satisfecha por el acuerdo porque rebaja sustancialmente las penas que pedía el fiscal, quien finalmente ha retirado el delito de blanqueo de capitales.
A la salida del juzgado, esta letrada ha destacado que se han tenido en cuenta algunos atenuantes en el caso de sus defendidos, como es el consumo habitual de drogas, y que ha sido fundamental que hayan reconocido su participación en los hechos.
Esta ha sido, en su opinión, una de las claves para llegar al acuerdo ha añadido la abogada, quien ha recalcado "la buena disposición del Ministerio Fiscal" ante un "sumario complicado".
La operación en la que fueron detenidos se desarrolló el pasado mes de abril de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyos agentes incautaron 5,6 kilos de cocaína.
La droga podría alcanzar en el mercado negro un valor cercano a los 300.000 euros, según fuentes de la Guardia Civil, que intervino también 15.800 euros en metálico, además de móviles y cuatro vehículos.
Según la investigación, la cocaína llegaba camuflada en botes de champú procedentes de Colombia y en Teruel eran procesada en un laboratorio clandestino para venderla luego al menudeo.
El grupo, compuesto por ciudadanos colombianos, españoles y marroquíes, funcionaba como una empresa, tenía un horario fijo y unos teléfonos exclusivos para la venta de la droga, a través de los cuáles contactaban los consumidores.
La banda no solo vendía pequeñas dosis de 1 o 2 gramos directamente, sino que también realizaba labores de suministro y venta de mayores cantidades de droga, de 10 a 20 gramos, a otras personas que a su vez la distribuían en distintas localidades de la provincia, según las mismas fuentes.
