La Sociedad Aragonesa de Salud Mental (SASM-AEN) denunció ayer la "insostenible situación" provocada por el derrumbe, el pasado mes de diciembre, de parte del techo del pabellón de San Juan, en el antiguo hospital Psiquiátrico de Zaragoza, lo que ha provocado el desalojo --segundo en apenas un mes-- de más de veinte internos mientras el Salud procede a cambiar el techo.
En un escrito firmado por Ana Martínez Calvo y Antonio Tarí García, presidenta y vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Salud Mental, el colectivo de profesionales emplaza al Gobierno de Aragón para que "de una vez aborde la reforma los edificios pendientes de rehabilitación en el hospital, condición imprescindible para que este sea por fin de hecho un Centro de Rehabilitación Psicosocial, focalizado en el trabajo por la recuperación de personas con enfermedad mental, y un servicio en condiciones de igualdad con el resto de servicios del Salud".
En este sentido, mostraron su solidaridad con los enfermos afectados. "Esperamos que se hayan tomado medidas complementarias para paliar o aliviar la desolación que en estos momentos pueden estar sintiendo" por el "coste emocional que supone a las personas que fueron ingresadas, muchas veces a la fuerza, en su juventud, y que tras años de encierro se adaptaron a la nueva situación y que con el tiempo habían ido asistiendo a una mejora del trato y del cuidado, incluso aquellos que se quedaron en los pabellones más viejos. Ayer se acostaron en su casa y hoy dormirán en un lugar extraño, con personal desconocido", apuntaron.
La sociedad acusó a Sanidad de "distorsionar una realidad, la del desplome" y advirtió de "la falta de seguridad y el abandono de parte de estos edificios que deja al descubierto el desinterés, en distintos grados, de las diferentes administraciones por estas instituciones que albergan a personas con trastorno mental grave y de larga duración". De hecho, apuntó que el hundimiento actual "no es sino el resultado del difícil equilibrio en ese doble lenguaje cuya narración aparente no puede ya ocultar el trasfondo de los hechos".
El colectivo expuso que "la situación se hace intolerable cuando en estos últimos años, y pese a los recortes, la DGA ha realizado inversiones en otros edificios públicos de la sanidad y en servicios concertados de salud mental, desviando de nuevo la mirada del centro público con más responsabilidades en la atención a enfermos mentales graves".
