El departamento de Vivienda y Rehabilitación ya ha preparado el tercer programa de inspección de Vivienda de Protección Oficial (VPO) para este 2018. La directora general, Mayte Andreu, destaca que tiene objetivos «muy parecidos» a los que se han desarrollado previamente y se muestra «satisfecha» por el control que permite ejercer sobre este servicio público.
A pesar del alto porcentaje de incidencias detectadas no se plantea aumentar el número de hogares revisados. Las razones son múltiples, pero destacan que no se busca recaudar, sino concienciar sobre el buen uso de la VPO. Tampoco permite ampliar el radio de acción el bajo número de inspectores de los que se dispone.
La mayoría de las 256 intervenciones que están previstas se realizarán en la capital aragonesa, sobre todo por ser el lugar con mayor volumen de viviendas protegidas de la comunidad. Le siguen, a mucha distancia, la provincia de Huesca y la de Teruel. La orden se firmó el pasado 11 de marzo y su publicación en el Boletín Oficial de Aragón se espera para esta misma semana.
CESIONES BANCARIAS
El plan de inspección de VPO del 2018 reforzará el control en las fianzas, tras el amplio número de irregularidades detectado en el pasado ejercicio. También habrá una especial atención a las cesiones bancarias, con al menos diez actuaciones de oficio. Y se buscará promocionar el alquiler de las VPO al considerarse que así cumplen mejor la función social que tienen enconmendada.
La directora general asume que la planificación inicial se verá desbordada con la entrada de denuncias de particulares, tal y como ha sucedido en los años previos. «Al final siempre nos vemos obligados a intervenir en muchos más casos de los previstos», reconoce. Y eso que el departamento no hace caso a las denuncias que exceden a las líneas fijadas por los planes de inspección. La DGA también ha mejorado sus aplicaciones informáticas para facilitar la labor burocrática de cotejar contratos y pago.
