Después de que el presunto fraude de 9 millones de euros con la venta de chatarra en la empresa Arcelor Mittal fuera reducido por varios de los acusados a una cuestión de «propinas», el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional aseguró que esas gratificaciones llegaron a servir a algún que otro procesado para pagar hipotecas e incluso intervenciones de cirugía estética.
El jefe de este grupo de investigación señaló a tres trabajadores de Arcelor Mittal, los encargados de la clasificación del producto, Javier B. M., Juan Carlos A. P. y José Luis O. P., como los principales beneficiados del conchabeo con los empresarios del mundo de la chatarra. Y es que su papel era fundamental en esta supuesta trama desarticulada por el Grupo de Robos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, ya que, al parecer, hacían «la vista gorda» sobre el porcentaje de material estéril (tierra y otros residuos) de los camiones, generando más ingresos de los debidos a los proveedores.
De todos los seleccionadores de material el que más dinero supuestamente recibió fue Javier B. M., casualmente, la persona que sufrió un asalto por dos sicarios por orden de un compañero suyo. Los investigadores afirmaron ante los magistrados de la Audiencia de Zaragoza que sus ingresos en efectivo, sin justificación, llegaron a alcanzar los 60.000 euros entre los años 2007 y 2015. Especificaron que más de 30.000 se ingresaban en una cuenta para pagar una hipoteca. A José Luis O. P. -que en la primera jornada de juicio negó los hechos-, le detectaron ingresos en efectivo por valor de 31.000 euros, así como un pago en metálico de 4.500 euros en una clínica estética de Madrid. Algo menos, 18.000 euros en efectivo, se le descubrió Juan Carlos A., entre los años 2012 y 2015.
ANÓNIMO
Una carta anónima en el 2013 enviada a Arcelor Mittal alertó tanto a los responsables de Arcelor Mittal como a la Policía de un fraude en la clasificación de la chatarra que llegaba a la planta. La compañía contrató hasta a detectives, pero ningún resultado permitió corroborar dicha misiva. Fue la paliza que recibió uno de los acusados, en el 2015, lo que volvió a alimentar las sospechas que llevaron a judicializar la investigación. Ayer, los responsables de Recursos Humanos y de la gerencia de la empresa cifraron que en aquella época se compraron unas 30.000 toneladas de estériles como si fuera chatarra. Tras las detenciones el rendimiento de la planta aumentó un 1,4%.
