La ley establece que el hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) tiene derecho preferente a quedarse con la herencia de los pacientes hospitalizados que no dejen testamento ni tengan familiares. Es así desde 1626, cuando las Cortes del Reino de Aragón dictaron una norma que después se convirtió en ley a través de la compilación del Derecho Foral de Aragón. Ayer, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó la modificación de uno de sus artículos (el 536) para dotarle de más seguridad en su aplicación. "En los supuestos del artículo anterior, el hospital de Nuestra Señora de Gracia será llamado, con preferencia, a la sucesión legal de los enfermos que fallezcan en él o en establecimientos dependientes. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del hospital", expone la nueva redacción.

Sin embargo, el Provincial no ve un euro de lo que dejan esos pacientes sin familiares que fallecen en su interior. La Ley mantiene su vigencia y el derecho preferencial para el centro hospitalario, pero en realidad no se aplica. Porque carece de sentido desde que el hospital pasó a ser público, con lo que el Gobierno autonómico destina esas herencias al fondo común en el que la Junta Distribuidora de Herencias de la comunidad autónoma reúne todos los patrimonios hereditarios y que reparte entre diferentes colectivos y acciones solidarias.

De este modo, ese privilegio legal, que convierte al hospital zaragozano en el único de España con derecho a asumir esas herencias, no se materializa. Desde la Administración sanitaria de la comunidad se insiste en que, pese a todo, no se plantea modificar la normativa, por lo que el centro seguirá ostentando un derecho que no ejerce y que se remonta siglos atrás, cuando el Provincial, que nació en 1425 por iniciativa municipal, estaba bajo la protección de la Corona. Posteriormente, el hospital pasó a depender de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). A comienzos de este siglo, fue transferido al Gobierno de Aragón, que mantiene su tutela. Actualmente, es uno de los nueve hospitales públicos existentes en la comunidad autónoma.