El PSOE recuperó ayer el debate sobre la venta ilegal que cada fin de semana se produce en paralelo al rastro de Zaragoza, en el pÁrking sur de la Expo. Su portavoz, Roberto Fernández, indicó que la escasa vigilancia en la zona ha provocado un incremento de este tipo de actividades. Además, advirtió que la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de no tramitar las sanciones «roza la prevaricación».

Según el socialista, desde que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) decidió que la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO) no actuase en el rastro (desde marzo del 2016), sumada a la «impunidad» creada con los infractores, se ha incrementado el fenómeno de la venta ilegal en esta zona de la ciudad. Por ello, urgió un cambio en la gestión y la vigilancia en el entorno.

MULTAS

Fernández denunció que el Gobierno de la ciudad está «rayando algún acto delictivo» al decidir no tramitar las multas. Cada año, en palabras del responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero, se registran «unas mil» sanciones que acaban en el cajón del olvido. Según el concejal, el problema al que se enfrentan es que muchas de estas personas, en exclusión social, no tienen un domicilio al que notificar la sanción ni son solventes económicamente por lo que, en muchos casos, los trámites administrativos y burocráticos superan la recaudación de la propia multa.

Para Fernández esta no es una explicación suficiente, por ello, además de pedir que se informe sobre el número de multas registradas desde la llegada de ZeC al Gobierno y de las que se han tramitado en Servicios Públicos, solicitarán la comparecencia de la concejala delegada de la Policía Local, Elena Giner, para que explique cómo se está ordenando el control y la vigilancia del mercadillo y sus inmediaciones, especialmente los días en los que se celebra el rastro.

«Sabemos que hay un problema de índole social, por lo que instamos a la concejala a que haga un plan de choque porque dispone de medios económicos para hacerlo», señaló Fernández, que negó que se esté «atacando» a la pobreza. «No es así, atacamos lo que no es legal y el crecimiento injustificado de la violencia por la falta de vigilancia. Se trata de un problema de seguridad que compete al ayuntamiento», precisó.

Desde el Gobierno de la ciudad explicaron que existe «un problema» sobre el que se está actuando porque se trata de personas de colectivos vulnerables. Según indicaron, ya se está trabajando con los colectivos implicados y la Policía Local.

Según el socialista, este mercadillo ambulante e ilegal se levanta cuando llega al lugar la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC), con un horario de vigilancia limitado que permite que se realicen los intercambios y transacciones.

Desde el PSOE solicitaron al Gobierno de la ciudad que tome cartas en el asunto de manera «inmediata» para desactivar este problema que, en realidad, no ha surgido con la llegada de ZeC al Gobierno, sino que está enquistado desde hace años.