El concejal del PSOE de Zaragoza Roberto Fernández ha asegurado hoy que el Gobierno municipal "puede estar rayando algún hecho delictivo" y estar "rozando" la prevaricación al no llevar a cabo la gestión de expedientes sancionadores ante la situación del mercadillo ilegal en el Parking Sur de la Expo.
En declaraciones a los medios, Fernández ha denunciado que esta zona, junto al rastro oficial, se está convirtiendo en una "ciudad sin ley" desde que la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO) fuera retirada de allí y de que la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC) haya sido limitada en horas.
Según sus palabras, los fenómenos que suceden en el Parking Sur a partir de los sábados por la mañana y hasta el domingo que abre el rastro "deberían contarse" o por lo menos "gestionarse de otra manera", porque se ha generado una situación de indefinición y de "falso mercadillo" en el que hay "más ilegalidades que legalidades".
El edil socialista ha apostado por regularizar esta situación, ya que se está generando una situación de "mucha preocupación" en la zona.
Así pues, ha anunciado que preguntará a la Policía Local por todas las multas impuestas en el Parking Sur desde que llegó ZeC al Gobierno y por los expedientes que acompañan a esas multas para comprobar a qué límite se ha llegado.
Ha afirmado también que conoce que esta situación esta relacionada con problemas de índole social y, por ello, ha instado a la consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, a que elabore un plan de choque e intervenga porque hay medios económicos y funcionariales para resolver lo que ella denomina "atacar la pobreza".
Por tanto, desde el Grupo Socialista solo critican lo que no es legal y el "crecimiento injustificado de la violencia" por falta de custodia policial que el Ayuntamiento tiene obligación de poner dado que es sueño municipal, ha aclarado.
Del mismo modo, ha anunciado que pedirán la comparecencia de la responsable municipal de la Policía Local, Elena Giner, para que explique por qué retiró la UAPO y por qué quitó competencias a la UPAC con respecto a esta "ciudad sin ley".
