Los votos a favor de PP, PAR y Ciudadanos, sumados a los del PSOE, permitieron ayer sacar adelante un proyecto de ley que habilita un suplemento de crédito de 23,7 millones de euros destinado a la educación concertada. La iniciativa contó con el rechazo de Podemos e IU y la abstención de CHA. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, defendió ante el Pleno de las Cortes este proyecto de ley, necesario, dijo, porque no hay crédito suficiente en la sección 18 del presupuesto para asumir el pago de las nóminas de los profesores de la enseñanza concertada y porque este concepto no tiene la condición de crédito ampliable según la propia ley de presupuestos del 2016.

Así, aunque denunciaron la «irresponsabilidad» del Gobierno en la gestión presupuestaria, los votos de los grupos del centro derecha --firmes defensores de la concertación con la enseñanza privada-- han permitido aprobar este suplemento de crédito de 23,7 millones de euros, de los que 11,376 millones se destinan a enseñanza Infantil y Primaria; 11,85 millones a Secundaria y 474.000 euros a Educación Especial.

Bajas en varios créditos

El suplemento de crédito, según el proyecto de ley, se financiará con baja en varios créditos disponibles por 5,5 millones en partidas como, por ejemplo, tres destinadas al apoyo a la ganadería, al uso eficiente de la energía o para la mejora de infraestructuras educativas, en concreto más de un millón para las obras de los centros de Pedrola y Sobradiel y el IES Valdespartera, según recordó el diputado de Podemos Héctor Vicente.

Gimeno justificó que a estas alturas del ejercicio presupuestario y como consecuencia de licitaciones y adjudicaciones ya producidas, es ya «imposible» ejecutar estas partidas. Los otros 18 millones de euros hasta alcanzar los 23,7, provienen de los ingresos procedentes del Ministerio de Hacienda derivados de la liquidación definitiva de las entregas a cuenta del 2014.

Vicente insistió en que el voto negativo de Podemos se debe a que la formación morada no quiere avalar una «gestión presupuestaria desastrosa», porque desde antes de elaborar el presupuesto ya se conocía el contenido de los conciertos educativos y su cuantía, que no fue suficientemente consignada, afirmó. Además, lamentó que la «falta de previsión» del gobierno vaya a hacer que se tengan que detraer recursos de otras partidas «fundamentales».

El popular Antonio Suárez apuntó que los 23,7 millones aprobados son importantes porque suponen el 15% de la cantidad total destinada a la educación concertada y pidió que no vuelva a pasar que estas partidas se consideren créditos no ampliables, como así solicita una propuesta de resolución presentada por su partido y aprobada en el pasado debate sobre el estado de la comunidad. Los portavoces de PAR y C’s, María Herrero y Javier Martínez, coincidieron en achacar parte de la responsabilidad en este problema a Podemos, partido que apoyó el presupuesto de 2016.

Para Gregorio Briz, de CHA, este suplemento «se veía venir» cuando se votó una partida de 130 millones para los conciertos, pero también ha dicho que se tomó una decisión que él creyó «ideológica» para limitar las aportaciones a la concertada, y se ha preguntado por los motivos por los que este tipo de educación está mal financiada. La diputada de IU, Patricia Luquin, defendió su voto en contra por «coherencia ideológica», en tanto en cuanto que su formación defiende la «reducción progresiva» de los conciertos.