Varios pueblos del Pirineo aragonés se han unido para hacer frente a las sanciones económicas que les han sido impuestas por el Ministerio de Agricultura por no depurar sus aguas residuales, según informó ayer Radio Huesca.

Los alcaldes de algunas localidades afectadas por las multas han declarado que, de no prosperar las alegaciones que han presentado ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), no descartan recurrir a los tribunales con el fin de que sea la Justicia la que decida si es legal la imposición de una sanción a unas localidades que ni siquiera cuentan con depuradoras.

Los municipios entienden que no les corresponde a ellos la construcción de las instalaciones de depuración, que por su elevado coste resultan prohibitivas para sus pequeñas economías.

En el caso de Canfranc, la sanción asciende a 3.200 euros, pero su alcalde, al igual que en otras poblaciones, teme que la reiteración en el impago suponga nuevas cargas, en un círculo vicioso del que les resule imposible salir.

A este problema se une el hecho de que estos pueblos ya están pagando un canon de saneaniento elevado porque la legislación actual penaliza la falta de depuración. En este sentido, los afectados hacen apelación al Instituto Aragonés del Agua para que actúe en la medida que le corresponde. H