Los restos arqueológicos descansan por los siglos de los siglos hasta que alguien los encuentra. A veces, es un buscador de tesoros que, detector en mano, da con ellos, los coge y luego intentan venderlos. Otras, son los investigadores los que los hallan, los referencian, los estudian... Y ahí se quedan. Las dos alternativas no son excluyentes. De hecho, la primera puede llevar a la segunda. Por ello, los expertos reclaman una mayor protección del patrimonio.

En realidad, los cazadores de tesoros lo tienen bien fácil. Por lo menos en Aragón, ya que la mayor parte de sus 12.000 yacimientos arqueológicos no están protegidos. "Las incautaciones que se han hecho estos últimos meses son la punta del iceberg. El problema está más extendido de lo que parece y es desmoralizante porque no hay forma de frenar estos robos", explica Manuel Gracia, miembro de la comisión directiva de Hispania Nostra.

Gracia explica que Aragón es una de las comunidades más afectadas por los "expolios". "Aquí es algo constante. No se trata de ser alarmistas, sino de ver la realidad. Muchos de los yacimientos están en propiedades privadas y ni siquiera pueden cercarse. Además, existe un problema con la legislación, que solo permite presentar cargos si se pilla al ladrón con las manos en la masa. Si las piezas están en su casa se pueden poner muchas excusas", lamenta.

Helmet: el colofón

Desde la asociación de acción pública para la defensa del patrimonio aragonés (Apudepa) reconocen que desconocían la situación de expolio hasta que no saltaron las alarmas con la operación Helmet y, posteriormente, con la Helmet II. "Cuando conocimos los hechos nos pusimos en contacto rápidamente con arqueólogos y nos dimos cuenta que todos eran conocedores de la indefensión en la que se encontraban la mayoría de las excavaciones", indica Belén Boloqui.

Boloqui constata que el expolio es "continuo" y que no se trata de hechos menores, sino de "gente que tiene conexiones con las mafias". "La realidad es que los ladrones van siempre por delante de los arqueólogos, conocen incluso mejor que ellos los yacimientos porque viven en el territorio y campan a sus anchas con los detectores de metales", dice. Desde esta misma asociación, Carlos Bitrián, asegura que la carta arqueológica elaborada por el Gobierno de Aragón "no sirve para nada". "Los fondos para proteger los yacimientos son insignificantes y está claro que, con una mayor atención de la Guardia Civil, se podrían evitar muchos problemas", asegura.

Carlos Sáenz, co-director de las excavaciones de Bílbilis, la antepasada romana de Calatayud, cuenta que, la semana pasada, llamaron a la Guardia Civil tras avistar a un hombre con un detector de metales por los alrededores de las ruinas. "Bílbilis y Valdeherrera, dos de los yacimientos romanos más importantes de Aragón, ha sido y están siendo expoliados", afirmó Sáenz. Este doctor en Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza asegura que el Seprona hace lo que puede --"no pueden estar todo el día vigilando los asentamientos aragoneses"--, y, mientras, "los investigadores del campo nos limitamos a tomar números de matrículas y a sembrar los alrededores con esquirlas de hierro para que los detectores se vuelvan locos".

Otras veces, los arqueólogos no buscan en los campos, sino en los catálogos de subastas para encontrar piezas que pueden haber sido sustraídas de los yacimientos. Es el caso de los investigadores del asentamiento de El Palao, en Alcañiz, que han perdido la pista a una cabeza íbera, "tosca y arcaica, muy rara en sus especie", afirma José Antonio Benavente, gerente del Consorcio Ibérico que lleva las excavaciones. "Le perdimos la pista cuando un coleccionista la compró. Por el momento, no cejamos en su búsqueda", asegura.