La ley de coordinación de policías locales promulgada por el anterior Gobierno autonómico PP-PAR en septiembre del 2013 lleva tres años siendo papel mojado, al no haberse desarrollado ningún reglamento que permita aplicarla, pese a que el plazo establecido para ello terminaba en marzo del año pasado.
Ni sus creadores ni la actual DGA han hecho nada para aplicarla, lo que para el sindicato policial CSL constituye «una clara dejación de funciones» que, aunque sea de forma simbólica, piensan llevar ante el Justicia de Aragón esta misma semana.
La norma ya nació con polémica, ya que no reflejaba muchos de los aspectos que los sindicatos querían regular. De hecho, el Tribunal Constitucional ya derogó uno de sus puntos -sobre la reclasificación de los extintos auxiliares de Policía Local-, por contravenir la legislación estatal. Precisamente por esta modificación y otros recursos pendientes (nadie pudo precisar a este diario cuántos son), fuentes del Ejecutivo autonómico explicaron que están a la espera de ver qué se salva de la ley para considerar si hay que rehacerla o desarrollarla.
Por el momento, la única comisión sobre el asunto celebrada el año pasado -en el 2015 ni hubo, cuando teóricamente ha de haber al menos dos al año- sirvió para decidir que no se desarrollarían los reglamentos por ahora.
Ante esta inacción, el sindicato CSL ha presentado su propia propuesta de ley, tanto a la DGA como a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. En su exposición reflejan cómo la ley no se ha aplicado en ningún aspecto, ni en el fondo ni en la forma.
Así, no existe la perseguida homologación de uniformes y medios policiales, ni siquiera en un color único. Pero más grave aún es la no implantación (desde la ley de 1986) de la Academia de Policías Locales, con lo que supone de formación (el presupuesto bajó de un millón a 100.000 euros en 8 años, y ya era de los más bajos). No hay estructura de coordinación ni se sabe nada de la sugerida mancomunidad de policías comarcales.
