La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha presentado hoy más de 31.500 recursos "sólidamente fundados" a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativa del Gobierno de Aragón, continuando así la lucha ciudadana por la supresión del ICA y la reforma de los planes de saneamiento.
Desde la RAPA, José Ángel Oliván ha considerado que, tras el silencio administrativo del Instituto Aragonés del Agua (IAA), la Junta "va a darles la razón", aunque no sea de forma inmediata, pues "disponen de un plazo largo para hacerlo".
Asimismo, Oliván ha calificado de "irresponsabilidad" dejar la solución de los recibos impagados para más adelante, pues sería preferible resolverlo "antes de que desemboque en resoluciones jurídicas que obliguen al Gobierno de Aragón a devolver el dinero del recibo correspondiente al ICA".
En este sentido, ha señalado que a la hora de abordar el tema del ICA, el Ejecutivo aragonés se enfrenta al doble problema que representan los recursos representativos de los barrios zaragozanos y la situación en la que se encuentran los aproximadamente 100.000 impagados, según han calculado.
Respecto al futuro de la mesa técnica, que se reúne el próximo jueves, la RAPA "no tiene ninguna expectativa", pues el Gobierno de Aragón "no negoció con nadie" la composición de este grupo de trabajo y la "conformó de forma unilateral", ha apuntado Oliván.
Por su parte, la presidenta de la RAPA, Maribel Torrecilla, ha recordado el modelo de financiación que proponen para suprimir el ICA y que la depuración de las aguas "vuelva a ser competencia de los ayuntamientos".
Al respecto, ha dicho que el gasto tendría una triple participación con la creación por un lado de una tasa autonómica de depuración equivalente al precio medio por metro cúbico facturado en Zaragoza, que se aplicaría a los municipios que reciben la depuración a través del IAA y se facturaría a los usuarios a través de la entidad que preste el servicio, con criterios de progresividad.
Por otro, se fijaría un tributo complementario o "solidario", equivalente a la diferencia entre la tasa autonómica y el precio por metro cúbicos de depuración facturado en España. Este tributo se aplicaría a todos los municipios, tengan o no sistema de depuración, y se facturaría directamente a los ayuntamientos, no a los usuarios.
Y, por último, los costes no cubiertos por los ingresos tributarios se cubrirían con otros ingresos del presupuesto general del Gobierno de Aragón.
A la presentación de las reclamaciones en la sede del Gobierno aragonés han estado presentes también los representantes de las asociaciones vecinales, sociales y de consumidores de Zaragoza.
