La Ciudad de la Justicia, y en menor medida la Audiencia Provincial de Zaragoza, están desplazando en los últimos tiempos al eje de Independencia-plaza del Pilar como manifestódromo de la capital aragonesa, al estar coincidiendo en el tiempo las reivindicaciones de distintos colectivos implicados en la Administración de Justicia.

Los funcionarios son más habituales en estas lides, y durante esta legislatura sus iras se están centrando más bien en la Administración autonómica (nada extraño, pues están bajo su mando), y más concretamente en la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, y el consejero de Presidencia, Vicente Guillén. Les achacan la falta de voluntad negociadora, y el fracaso de la implantación del anterior sistema de gestión procesal con un programa piloto en Barbastro. Sin embargo, el nuevo intento con el sistema Avantius, que parece haber llegado para quedarse, tampoco les está satisfaciendo, ya que entienden que falta formación previa y que da muchos problemas de pérdidas de archivos. Y por supuesto, también exigen la mejora de las retribuciones.

En sus reclamaciones sobre el sistema Avantius recibieron recientemente el apoyo de algunos magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que les acompañaron en su protesta en esta sede. Pero las mayores movilizaciones de los jueces han ido más bien dirigidas al ministerio, a nivel nacional.

Estas han sido las más llamativas, por inusuales y por número de afectados, ya que los jueces hicieron causa común con los fiscales, cada cual con sus reclamaciones. La mejora salarial está presente, pero ambos colectivos exigían reformas de calado en el sistema, como la despolitización de la elección de los altos cargos judiciales, el fomento de la independencia judicial -y fiscal- y la dotación de medios materiales y humanos.

La movilización se hizo notar con concentraciones semanales a las puertas de las sedes judiciales, con paros parciales de una hora, los jueves, hasta concluir con una huelga convocada por todas las asociaciones, el pasado 22 de mayo. Unos paros que, en el caso de Aragón, obligó a suspender 151 actos judiciales, la mayoría (86), juicios. Por el momento, el cambio de Gobierno ha dejado la movilización suspendida, en espera de cómo sople el viento con la nueva ministra.

Tampoco era muy común la movilización de los secretarios judiciales (actualmente denominados Letrados de la Administración de Justicia), que esta misma semana también se manifestaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia, en el caso de Zaragoza, en otra convocatoria a nivel nacional.

El colectivo también exige la mejora salarial y la convocatoria de plazas vacantes, un problema común no solo en la Justicia sino en la Administración pública. En su caso, consideran que con las sucesivas reformas procesales han acabado asumiendo el 80% del trabajo en los juzgados, sin verse adecuadamente retribuidos por ello. También exigen la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), un eterno proyecto de reorganización de los juzgados con servicios comunes de funcionarios, que en teoría los dotaría de mayor flexibilidad y agilidad, al poder destinar personal a áreas saturadas. Pero ni los propios funcionarios ni muchos jueces la acaban de ver con buenos ojos.