Los ayuntamientos aragoneses pueden demorar todo lo que quieran el debate, pero los plazos se acortan y en el 2020 todos estarán expuestos a sanciones de Europa por haber mirado durante años hacia otro lado. Se refiere a la discusión sobre cómo se recicla el 50% de la basura orgánica doméstica. En solo tres años será de obligado cumplimiento y hoy, a poco más de tres años, solo alcanza el 27% y la gran mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabe cómo se hará. Los consistorios empiezan a inquietarse porque ven que igual no da tiempo. Todo por no afrontar una realidad: el recibo para costear el tratamiento de los residuos deberá subir.

En todos ellos se encarecerá. En unos se calcula que se duplicará, en otros el aumento será mínimo. Hasta en Zaragoza, que es el único que se acerca a este índice, con un 44% de los residuos reutilizados. Pero siendo este un indicador poco fiable, ya que su clasificación ahora se hace solo en destino y no en origen. Esto provoca que el compost que se genera no sea de la calidad necesaria para destinarlo a la agricultura y, por eso, todo lo que no se reutiliza de forma efectiva no computará para Europa. Ahora está tan alto porque se ha estado derivando a las obras del sellado del antiguo vertedero de Valmadrid. Con él finalizado, las cifras se prevé que caigan en picado.

En mayor o menor medida se encarecerá para todos los municipios, básicamente porque requieren de inversiones que, en algunos casos, duplicarán el recibo. Nuevos gastos que, además, los propios ayuntamientos afectados no pueden costear. Los técnicos de la DGA llevan años advirtiendo a los municipios de que de los ocho vertederos que reciben toda la basura de Aragón, solo el de Zaragoza está preparado para el tratamiento que requiere Europa. El resto no sirven y con el volumen de basura que recepcionan hacen inviable la construcción de más de dos plantas como la de la capital aragonesa. Es decir, toda tendrá que acabar volcada en, como máximo, tres plantas de tratamiento.

NEGOCIACIÓN CON LA DPZ

Eso sin contar con otro grave incumplimiento que ahora se produce: la reutilización de los escombros. Europa pide que sea del 50%, pero hoy en Aragón está en el 15%. Pero eso se discute aparte del dilema por la basura orgánica.

Ya se han hecho diferentes cálculos para estimar lo que significará crear dos plantas más. Cada una de estas instalaciones requerirá de una inversión de unos 25 millones de euros, 50 en total si se hacen solo dos. El coste, siendo el tratamiento de la basura una competencia exclusivamente municipal, se repercutiría a los ayuntamientos que finalmente los vayan a utilizar, a modo de derrama. Y las arcas municipales están demasiado mermadas para afrontar este gasto hoy.

Por eso los municipios de Zaragoza, por ejemplo, llevan semanas negociando, a través de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), con el consistorio de la capital aragonesa. Porque a ellos les serviría con utilizar la planta del ecovertedero, por proximidad y ahorro de costes, ya que no tendrían que repercutir en el recibo esa inversión de construir.

Y tampoco es casualidad que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) haya anunciado este año que los municipios que usan su planta abonarán el coste real del servicio, 30,8 euros por tonelada, y no 17 como hasta ahora. Por dejar de «subvencionar» este servicio a los 61 consistorios que llevan años usándolo y porque otros 232 están pidiendo entrar.

UN 30% MÁS

A ellos ahora el coste les sale más barato en esos vertederos que no aprobará Europa en el 2020, en torno a 20 o 25 euros por tonelada. Se paga de forma desigual, dependiendo del consorcio al que estén adheridos, ya que algunos optan por costear entre todos el transporte de la basura y otros, como el de Calatayud, prefieren que cada localidad se pague lo suyo. A todos ellos se les subiría, por tanto, un 30% el coste del servicio y este, además, se trasladará a los recibos.

Mucho más complicado lo tendrán los que no lleguen a acuerdos con Zaragoza o a los que, por lejanía, no les resulte rentable económicamente. Aquellos que tengan que participar de la construcción de una planta nueva --que aún se debe elegir dónde ubicarlas--, se calcula que el coste real del servicio de recogida y tratamiento de los residuos para ellos rondará los 50 euros por tonelada. Se duplicará el gasto por este mismo servicio y también los recibos para sus ciudadanos.

Todo ello si se descartara una posibilidad que hace años sobrevuela: llevar toda la basura de Aragón a la planta de Zaragoza. No sería la primera vez que se plantea porque esta está preparada para ello, pero cuenta con un hándicap: si esto se llega a producir, la vida útil de estas instalaciones se reduciría ostensiblemente y el consistorio pone un precio alto para impedirlo.