Rectorado y alumnado de la Universidad de Zaragoza rechazan la reforma universitaria, aprobada ayer en Consejo de Ministros, por la que, a partir de otoño, las carreras podrán cursarse en tres años en lugar de los cuatro establecidos desde la entrada en vigor, hace apenas seis años, del conocido como Plan Bolonia. La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales permite a los centros académicos ofertar, de forma voluntaria, grados de entre 3 y 4 años y másteres entre 1 y 2 años, lo que, según el ministro, supondrá un ahorro en el coste de las tasas para las familias de 150 millones de euros.
Sin embargo, la medida ha provocado un notable rechazo en las universidades. Es el caso del campus público aragonés, donde tanto rectorado como estudiantes rechazan su implantación. El propio rector, Manuel López, ya ha mostrado en numerosas ocasiones su oposición a esta normativa tanto como máximo representante de la Universidad de Zaragoza como en su condición de presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Ayer, López insistió en que "no se dan las condiciones necesarias ni la oportunidad" para implantar ahora un modelo distinto que pueda contribuir a "un mayor desequilibrio" en la oferta de titulaciones universitarias.
ASAMBLEA
Los rectores, que convocaron una asamblea extraordinaria el próximo lunes para analizar el decreto, entienden que debería haber existido una "moratoria" en su aplicación que posibilitara la elaboración de unos criterios "homogéneos" para su implantación en todo el territorio nacional y sostienen que se evitarían así "contradicciones e incoherencias".
López afirmó recientemente que la posibilidad de que coexistan grados de entre 180 (tres años) y 240 créditos (cuatro años) provocará "contradicciones y confusiones" para los alumnos y la sociedad. Por ello, pidió "una moratoria de dos años" para acordar esos criterios en las instituciones docentes porque, de no ser así, los estudiantes pueden encontrarse una misma titulación de grado de tres o de cuatro años, según las universidades, "de forma inmediata".
De momento, fuentes de la Universidad de Zaragoza rechazaron la implantación el próximo curso y la reducción solo podría llevarse a cabo en el curso 2016-17 en algunas titulaciones si es que, finalmente, toma la decisión de aplicar la reforma.
Para los alumnos, la medida es "un error brutal" que se produce de forma inoportuna "justo ahora que se están evaluando los grados", indicó José Antonio Gadea, portavoz del sindicato Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU), que consideró "falso" que las familias vayan a ahorrar con esta nueva medida. "Todo dependerá del mercado, no de las universidades, ya que la medida favorece a las privadas, a las que supondrá menos coste la implantación de carreras de tres años y cuando los alumnos vean que pueden sacarse la carrera por 18.000 euros en lugar de 24.000 irán a la privada, así que la demanda obligará a las públicas a adscribirse al nuevo sistema aunque no quieran".
Por su parte, Víctor Lázaro, del Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA) mostró su oposición porque "encarece el precio de las carreras y, si la media estaba en 10.000 euros, ahora pasará a ser 15.000" ya que "el ministerio engaña diciendo que los alumnos se ahorrarán el coste del cuarto año del grado, pero la realidad es que el máster ya es necesario ahora para trabajar, con lo que lo será aún más con la reforma y el coste del máster es considerable".
