Las seis comunidades españolas gravemente afectadas por la despoblación, la dispersión de sus habitantes y el envejecimiento (Aragón, las dos Castillas, La Rioja, Galicia y Asturias) siguen defendiendo sus intereses. La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) trasladó ayer a representantes del Gobierno central la necesidad de que la despoblación sea objetivo principal en la estrategia en Europa así como en el reparto de fondos dentro del Estado.
Integrantes de este colectivo se reunieron ayer con la subdirectora general de Programación y Evaluación de la Dirección General de Fondos Europeos, María Muñoz, según informó ayer en un comunicado la patronal FOES. En la reunión estuvo presente Sara Bianchi como coordinadora de la SSPA, fundada por las organizaciones patronales de Soria, Cuenca y Teruel, y los representantes de la red.
Para Sara Bianchi, «el objetivo de ambas reuniones ha sido conocer cómo están abordando el tema de la despoblación en las negociaciones, transmitiéndoles nuestra posición como SSPA».
Para la Red SSPA, es indispensable que la despoblación sea uno de los objetivos principales de la Estrategia Europea y que se utilice como criterio diferencial en el reparto de fondos dentro del Estado, «con el fin de revertir la grave situación que se vive en Soria, Cuenca y Teruel».
Ambas representantes del Gobierno central ya tienen el Documento de Posición de la SSPA en el que se señalan las medidas estratégicas que consideran deben ponerse en marcha para revertir este proceso.
Entre otras, se recogen cuestiones como la financiación, la fiscalidad, facilitar la llegada de inversiones, las infraestructuras, las comunicaciones vía internet y también aspectos sociales como la sanidad y la educación.
REUNIÓN EN ZARAGOZA
Aragón, las dos Castillas, La Rioja, Galicia y Asturias ya acordaron el pasado 10 de septiembre en Zaragoza pedir al Gobierno central que la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica tenga en cuenta las dificultades planteadas por el reto demográfico y se elabore conforme a criterios multilaterales.
Asimismo, los jefes de los ejecutivos de las seis regiones solicitaron a la Comunidad Europea que España sea incluida en sus Fondos de Cohesión y que esos tengan en cuenta criterios demográficos como la dispersión, la despoblación y el envejecimiento.
En el trasfondo del encuentro se hallaba el miedo de las seis comunidades a verse postergadas financieramente por las presiones independentistas, motivo por el que sus presidentes destacaron que las peticiones se hacían en nombre de la «lealtad constitucional».
En la reunión de Zaragoza intervinieron los máximos representantes de los entes regionales, tres del PSOE y tres del PP, para escenificar que sus reivindicaciones trascienden las diferencias ideológicas y partidistas.
