La reforma del impuestso de Sucesiones pactada entre el PSOE y Ciudadanos y a la que se han sumado, con distintos grados de reparo, tanto CHA como el PAR chocó ayer con los plazos que marcan las Cortes de Aragón. Aunque la voluntad de todos estos partidos era la de aprobar la ley que regulará los cambios por el método de lectura única y agilizar su entrada en vigor, el rechazo conjunto (por distintos motivos) de PP, IU y Podemos a este procedimiento retrasará sus efectos, como mínimo, hasta comienzos del 2019. El propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, había apostado por la lectura única para cerrar el proceso en octubre.

«A algunos grupos les sorprende que los acuerdos se cumplan», cargó el portavoz del PSOE, Javier Sada, cuando se evidenció que la reforma del tributo se tramitará por el proceso ordinario. Y trató de defenderse de las acusaciones de «electoralismo» que han recibido los impulsores del pacto, al entender que evitando «un debate ya sabido» se podría haber separado su entrada en vigor de la siguiente cita electoral, prevista para la primavera.

ENMIENDAS

En la misma línea fueron los lamentos de Ciudadanos. «Nuestro único objetivo es el de lograr medidas que beneficien a los aragoneses», señaló la portavoz Susana Gaspar. Para esta formación, principal artífice de la reforma que ha entrado en la cámara, la posición del PP supone «alargar innecesariamente» el proceso, pues con el trámite de lectura única agrupa el debate en conjunto de la ley y el de las enmiendas particulares en una misma sesión parlamentaria.

Justamente eso es lo que rechazaron también desde Podemos. «Se nos quiere hurtar un debate importante», expresó Maru Díaz. Además recordó que ya se ha bloqueado una ponencia especial en la que estaba previsto citar a expertos en tributos para analizar los cambios. «Estamos dispuestos a dialogar, pero el proyecto actual tiene muy difícil arreglo más allá de su enmienda a la totalidad», avanzó. Tras esta votación de bloqueo queda todavía más lejos que los partidos de izquierda ofrezcan su apoyo a una reforma de Sucesiones que coloca la base imponible exenta de pago en 500.000 euros.

La diputada Patricia Luquin (IU) asumió que tramitar una ley de este tipo requiere su tiempo y denunció que se convierta «algo que solo afecta al 10% de la población» en un asunto de interés general. Además acusó de «frívolos» a los partidos que se han sumado al «mercadeo fiscal» entre comunidades autónomas.

sin acuerdos / De entre los grupos de izquierda que apoyaron la investidura de Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón ha sido CHA el que ha quedado en una posición más delicada al estar dentro de la DGA. Obligados por las circunstancias creen que con el plazo amplio habrá «más tiempo para llegar a acuerdos». El diputado Gregorio Briz también criticó el enfrentamiento entre comunidades y consideró que la solución ideal sería una armonización impulsada por el Ministerio de Hacienda.

Los populares, con su portavoz Mar Vaquero al frente, evidenciaron que ante la falta de apoyos de la DGA la negociación pausada es necesaria. «Estamos dispuestos a hablar pero a tragar con un proyecto insuficiente», afirmó.

La formación, que desde el comienzo de la legislatura ha cargado contra «el infierno fiscal que abrasa a los aragoneses», expresó que no tienen prisa para abordar «algo tan importante». Y criticó al Lambán por haber abordado la reforma de Sucesiones con «complejo de culpa».

Por su parte, la diputada del PAR, Elena Allué, insistió en la necesidad de que «se resuelva este conflicto» cuanto antes, algo que por el momento no será posible. Tras el pleno en el que podría entrar en vigor la ley, que podría celebrarse en octubre, serán necesarios al menos tres meses para adaptar los sistemas informáticos de cobro a las nuevas circunstancias.