El ejemplo más claro de que cuando hay voluntad política se pueden superar todas las dificultades ha quedado claro en las últimas semanas, donde diversos partidos han logrado desbloquear leyes conflictivas que durante años quedaron aparcadas en un cajón ante la incapacidad de los partidos y las instituciones de llegar a acuerdos. Eso pasó con la Ley de Capitalidad de Zaragoza y con la reforma del reglamento de las Cortes. Ambas novedades adaptan a los tiempos dos cuestiones fundamentales y demuestran que el diálogo y la voluntad negociadora siguen siendo armas imprescindibles en la política.
El reglamento de las Cortes que se aprobará próximamente en un pleno adapta las normas del Parlamento a las demandas del siglo XXI. Agiliza trámites y los acerca a la ciudadanía. Fomenta la participación y hace esfuerzos notables en incrementar la transparencia, tanto en cuanto al trabajo parlamentario como en lo relativo a los diputados. Este último punto fue un escollo en legislaturas anteriores.
Después de una treintena de reuniones, de año y medio de revisión del texto inicial y de docenas de enmiendas de los grupos parlamentarios, la Ponencia para la Reforma del Reglamento deja un texto con 334 artículos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.
Los ponentes que han hecho posible este resultado final, este grupo de trabajo que ha realizado su tarea bajo la coordinación del portavoz del PSOE, Javier Sada, ha estado formado por Antonio Torres (PP), Héctor Vicente (Podemos), María Herrero (PAR), Javier Martínez (Ciudadanos) y Patricia Luquin (IU). Ellos han traslado al seno de la ponencia los diferentes planteamientos de sus grupos parlamentarios para lograr un resultado consensuado y de gran valor parlamentario.
La reforma recoge aproximadamente un centenar de novedades respecto al vigente, que en septiembre cumpliría 20 años.
Los diputados
El título II hace mención al régimen de los diputados, aclarando su situación y estatus, cosa que no sucedía hasta ahora. En primer lugar, se suspende la condición de diputado por encausamiento judicial. Asimismo, entre los derechos económicos de los diputados está la prohibición expresa para aquellos con dedicación exclusiva de percibir cualquier otra retribución por ostentar otro cargo público. Asimismo, los que también son miembros del Gobierno autonómico solo pueden percibir los ingresos derivados de esta última condición.
También se recoge la indemnización por cese, estableciendo su asimilación a la prestación por desempleo en la medida de lo posible y se contempla la posibilidad futura de que un convenio especial con la Seguridad Social pueda contemplar la cobertura de la contingencia por desempleo. Todos los datos y los derechos económicos de los diputados figurarán en la web de las Cortes.
Para constituirse como grupo parlamentario, una formación electoral debe seguir teniendo al menos tres diputados y regula la figura del diputado no adscrito si causa baja o es expulsado de un grupo. En este caso, puede volver a formar parte del grupo por decisión del mismo, solo tiene los derechos individuales del diputado, pierde los puestos que tuviera previamente pero tiene derecho a formar parte de una comisión y a la retribución de un diputado sin más atribuciones y responsabilidades.
El trabajo de los siete ponentes ha sido arduo en la negociación, pero ha permitido llegar a importantes acuerdos en torno al gobierno y la dirección de los debates. De este modo, la fijación del orden del día en las comisiones se abre a los grupos no representados en la Mesa, a través de una mesa ampliada, asimilándolo al mecanismo de fijación del orden del día del Pleno.
Se prevé asimismo la competencia legislativa plena de las comisiones en determinados supuestos, agilizando la tramitación de proyectos o proposiciones de ley y la posibilidad de reclamar información al Estado.
Los debates parlamentarios se han estudiado de manera individualizada, intentando agilizarlos, tasar los tiempos, y acompasarlos a la realidad parlamentaria, así como contribuir a la solución de problemas prácticos que la extensa vigencia del reglamento actualmente vigente habían ido demostrado.
La reforma también acaba con una cuestión que generaba polémica en muchas ocasiones, y es que a partir de ahora los meses de enero y julio tendrán actividad parlamentaria. Además, se contempla la opción de crear una oficina de control parlamentario para prestar asesoramiento técnico a los diputados.
Discursos sin leerse
El reglamento también acaba con una costumbre demasiado habitual en la política española, que es la de oradores que leen sus intervenciones. A partir de ahora, eso queda vedado salvo la consulta de algún dato o apunte. Las comisiones tendrán carácter público y se podrán introducir elementos audiovisuales siempre que se solicite a la Mesa con antelación y tengan sentido respecto a la intervención.
Como un gesto de adaptación a los tiempos actuales, se incorpora el voto telemático para casos de incapacidad temporal, maternidad o paternidad, o riesgo durante el embarazo.
La disciplina parlamentaria incorpora un artículo mediante el cual, se podrá llevar a Fiscalía cualquier acto o gesto que se considerara constitutivo de delito o falta.
Aunque se va haciendo con más frecuencia, las Cortes harán un esfuerzo por primar el soporte informático frente al papel, tanto en sus notificaciones como en la solicitud de información al Gobierno.
Tal vez influidos por lo sucedido este año, en el que no se han presentado todavía los presupuestos a pesar de que se debe hacer el último día de septiembre, aparece una novedad en la obligatoriedad de que se presente el consejero de Hacienda a las Cortes para que comparezca a solicitud de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los 67 diputados, a sustanciarse en el siguiente Pleno. Por contra, el procedimiento de los grandes debates se mantiene prácticamente como estaba.
Ha sido un trabajo intenso en el que los diputados partían de un trabajo previo e inacabado. Concretamente, el de las reformas anteriores. Durante la legislatura anterior, cuyas Cortes las presidía el aragonesista José Ángel Biel, se hicieron numerosos avances y estuvo a punto de cuajar, pero finalmente no fue posible. El trabajo realizado entonces ha sido una base para profundizar en esta. Todos los grupos coinciden en indicar que la buena predisposición ha sido definitivia para que se haya podido alcanzar, en un año y medio, un acuerdo de calado y que otorga a las Cortes de Aragón un reglamento adaptado al siglo XXI.
