En realidad, ya había renunciado Oliván. El que fuera consejero de Sanidad con el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi nunca lo dijo y, de hecho, siempre se esforzó en no mostrar en público su rendición. La medida --la centralización de las unidades de salud mental-- se había topado de bruces con demasiados escollos aunque el más grande fue la fuerte oposición popular encabezada por los propios afectados respaldados por multiud de colectivos sociales, sindicales y políticos.

Pero ha sido el actual titular del departamento, Sebastián Celaya, el que ha certificado la muerte anunciada. La salud mental seguirá en seis unidades de la zona II de Zaragoza y los pacientes de Torrero, Las Fuentes, Casco Viejo, Casablanca y San José no serán trasladados a Sagasta, Valdespartera y San José, como era el deseo del anterior Ejecutivo. "Me habría gustado ponerla en marcha ya pero aún hay temas a resolver, como las obras que se precisan en San José", había dicho Oliván en febrero antes de asegurar que la medida se aplazaba, pero no se suspendía.

"No se hará. De hecho, creo que esa medida ya fue descartada por el anterior Gobierno", vino a decir Celaya en una reciente entrevista concedida a este diario. Al fin llegaba la comunicación oficial tan ansiada por un colectivo que, ahora sí, respiraba aliviado. "No tenía mucho sentido y pensamos que no se llevaría a cabo, pero el anuncio del consejero ha supuesto un alivio considerable", reconocía Francisco González, presidente de la Federación Aragonesa Pro Salud Mental.

En realidad, el cambio definitivo ya se adivinó cuando la Administración reforzó el hospital de Día del hospital zaragozano Miguel Servet. "Ya entonces nos dimos cuenta de que esa contratación de personal dejaba sin sentido cualquier centralización en las unidades de los barrios y que todo el montaje respondía a un intento de compensar aquello que no funcionaba", añade González.

Pero los afectados reprochan a Oliván y al anterior Ejecutivo que nadie les comunicara su decisión. "Solo se decía que aplazaban la decisión, nada más, cuando todos éramos conscientes de que ya no se iba a llevar a cabo", expone el portavoz de los afectados, que, de momento, ya se ha reunido con representantes del Gobierno actual para trasladar a la DGA las necesidades de un colectivo que sigue sufriendo numerosas carencias y problemas. "El Gobierno ha dejado claro en varias ocasiones su preocupación por la falta de camas para agudos que provoca la saturación de camas en Urgencias de los hospitales", explica Fernández, que añade, en este sentido, que "eso provoca un problema de falta de continuidad porque un enfermo agudo permanece en el hospital diez o doce días y lo vuelven a mandar a casa, con lo que la posibilidad de recuperación se ve mermada".

Por eso, la asociación insiste en reclamar la necesidad de retomar ese Plan de Salud Mental pendiente desde el 2010. "Han dicho que lo harán y en eso confiamos", asegura el presidente del colectivo.

Mientras, las unidades continuarán en los barrios y, con ello, se disipa el temor a la pérdida de adherencia al tratamiento provocada por la lejanía entre el domicilio del enfermo y el centro que se hubiera dado con la centralización ahora desechada. "Pero lo mejor sería que las unidades disfrutaran de una ampliación de personal porque están desbordados y que el aspecto sanitario se complemente con el resto de terapias", subraya Fernández, que advierte de que la medicina "no es la única solución" porque hay que abordar también la empleabilidad, ya que estas personas necesitan sentirse útiles y tener la mente ocupada".