La reválida de 2° de Bachillerato que pretende aplicar este curso la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) supondría para las arcas autonómicas un desembolso superior a 500.000 euros. Esa es la cantidad que le viene suponiendo a la Universidad de Zaragoza la organización de la Selectividad y que sufraga con lo recaudado en concepto de tasas por los alumnos que se inscriben en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Ahora, si el ministerio se sale con la suya y sustituye la Selectividad por la reválida, la prueba será similar --así lo ha acordado el campus público aragonés con el resto de componentes del G-9-- en cuanto a su estructura y valoración, pero acogería a muchos más alumnos, ya que, en la actualidad, muchos estudiantes que no van a acceder a la universidad no realizan la Selectividad. Sin embargo, la reválida de Bachillerato tendría carácter obligatorio para todos y, además, al tratarse de una prueba educativa necesaria para titular, no se podrá cobrar por ella. De este modo, ese gasto estimativo superior al medio millón de euros será todavía mayor y deberá ser asumido por las administraciones autonómicas, acuciadas por una delicada situación económica. A este coste, además, habría que sumar el derivado de la organización y programación de la otra reválida que se pretende instaurar, la de la ESO.

Según datos de la universidad, entre las convocatorias de junio y septiembre se inscribieron 6.734 alumnos --5.537 en junio y 1.197 en septiembre--. Cada uno de ellos --un estudiante que vuelva a presentarse a la convocatoria extraordinaria tras haber participado ya en la ordinaria debe volver a pagar-- tiene que hacer frente al pago de 124 euros en concepto de tasa de inscripción (comprende el derecho a examen de la fase general y de dos materias de la específica). Además, el examen de cada asignatura de la fase específica alcanza los 30,93 euros. Eso sí, los participantes pertenecientes a familias numerosas de categoría general abonan el 50% de las tasas, mientras que los de familia numerosa de carácter especial y aquellos que sufren un grado de discapacidad igual o superior al 33% están exentos de ellas.

Valorando solo la tasa de la fase general y sin aplicar los descuentos, la universidad habría recaudado este año en las dos pruebas alrededor de 800.000 euros, aunque desde el rectorado se asegura que la cantidad recibida apenas permite cubrir el coste de la prueba.