Una de las cuestiones más relevantes que quedan pendientes de resolver en esta legislatura afectará, precisamente, a la recogida de basura y a la aplicación del principio de «quien contamina paga». Curiosamente es el mismo que rige un impuesto como el de Contaminación de las Aguas (ICA), al que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se ha enfrentado frontalmente, el que tendrá que usar para explicarle al ciudadano si sube el recibo o si se tiene que espaciar la recogida de los cubos de basura. Todas las ciudades deben afrontar esta decisión y la capital aragonesa la tiene aún pendiente.

Antes del 2020 deberá determinar cómo aplicar este principio al coste que paga el ciudadano. Porque tal y como se recogía en el estudio elaborado para impulsar la recogida selectiva (el famoso quinto contenedor o la de puerta a puerta), lo que se recauda en la tasa es insuficiente para cubrir el coste real del servicio. Y ahí es donde realmente obliga Europa.

El razonamiento es sencillo: lo que se recauda está por debajo del coste real, así que o se abarata la recogida o el contribuyente paga más por hacer lo mismo. Más aún cuando, en ese mismo año, habrá un contenedor más que recoger, el de que se va a poner «antes del verano» de forma experimental en el Actur y en el Casco Histórico.