El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha asegurado que el Gobierno de Aragón ha mejorado la gestión de la dependencia y ha destacado que se han reducido las prestaciones económicas en el ámbito familiar, pero han aumentado las vinculadas a servicios, que es lo que marca la ley y en lo va a perseverar.
Oliván ha comparecido hoy en el pleno de las Cortes para informar de las consecuencias de la reducción de la partida presupuestaria por parte del Gobierno central para la aplicación de la ley de dependencia en la Comunidad a petición del PSOE, cuyo portavoz, Javier Sada, ha denunciado que Aragón es la "campeona" en el retroceso y desmantelamiento de la ley al pasar de ser la cuarta autonomía en atención a la cuarta "por la cola".
Sada ha criticado que en un año se haya perdido el 40 por ciento de la financiación procedente del Estado, al pasar de 41 millones de euros a 25,5, con lo que se han "hurtado" 15,5 millones a los dependientes aragoneses, y que haya 8.000 personas esperando el reconocimiento.
Ha opinado que cada cambio que se ha hecho en dependencia "ha ido a peor" y que el Gobierno aragonés "ha tirado la toalla", como "alumnos aplicados en la demolición" de la ley.
Oliván ha replicado a Sada que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi se planteó desde el primer momento reorientar la dependencia hacia el marco legal, apostando por la prestación de servicios frente a las ayudas económicas en el ámbito familiar, que deben ser una excepción y fue lo que impulsó el anterior ejecutivo.
El consejero ha insistido en que apostar por los servicios significa cumplir la ley, que nació con buena voluntad pero con unas previsiones totalmente erróneas en términos económicos y del número de beneficiarios, e impulsar el empleo, y ha hecho hincapié en que con los mismos recursos se pueden dar menos altas pero de mayor calidad y garantizando los servicios a los dependientes.
Oliván ha precisado que en 2013 se dieron 1.677 altas, el 95 por ciento vinculadas a servicios y solo el 5 por ciento prestaciones económicas en el entorno familiar, en lo que va de año se han dado 517 altas (el 92% a servicios y el 8% en el entorno familiar) y en mayo se darán de alta a 360 personas más, manteniendo en esos porcentajes.
Además de orientar la dependencia hacia los servicios, Oliván ha subrayado que se ha mejorado la gestión actualizando las bases de datos y eliminando a distintas personas que no debían constar en la dependencia, entre ellas 7.000 fallecidas que hizo necesario devolver al Estado 14 millones de euros.
Por el contrario, Sada ha asegurado que las prestaciones vinculadas al servicio en España han crecido un 36,7 % mientras han descendido en Aragón un 30,6 %, y que han caído la atención en residencias y es la comunidad que "ha quitado más derechos a más personas".
En su respuesta, Oliván ha indicado que las prestaciones vinculadas a servicios o la atención en residencias supera en Aragón la media nacional y ha criticado que el PSOE se escandalice ahora de que haya 8.000 personas esperando a ser reconocidas cuando en mayo de 2011 había 9.012.
Por su parte, Patricia Luquin (IU) ha denunciado que haya menos presupuesto y beneficiarios, que no se potencien los servicios por falta de planificación y que el Tribunal de Cuentas haya indicado que Aragón ha reconocido que no cuenta con suficiente dinero para atender a todos los dependientes, mientras que Carmen Martínez (CHA) ha tachado de "inadmisible" la reducción presupuestaria, lo que demuestra la política de recortes del Gobierno central y del aragonés y su falta de sensibilidad para cumplir la ley.
Manuel Blasco, del PAR, ha apuntado que las deficiencias de la ley de dependencia pasan por la ausencia de una clara financiación autonómica, y Carmen Susín, del PP, ha apuntado que la ley, como muchas "ocurrencias" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se hizo sin garantizar su viabilidad y el Ejecutivo de Rudi gestiona con "honestidad" trabajando por las personas y no por intereses personales.
En ese sentido, ha criticado que el Gobierno anterior dejara "hipotecado" y "blindado" gran parte del presupuesto de la dependencia y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en contratos firmados un mes antes de las elecciones, de cuya legalidad no duda y serán los tribunales los que lo determinarán, aunque éticamente, ha dicho, no son "muy presentables" puesto que afectan a entidades dirigidas por ex altos cargos de ese Ejecutivo.
