Las becas de comedor de este verano llevaron ayer al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza a entrar en un conflicto y en un cruce de acusaciones que, finalmente, termina sin un convenio de colaboración entre ambas administraciones para sufragar parte de las 8.500 ayudas que se concederán este verano.
La consejera de Educación, Mayte Pérez, dijo que el consistorio "ha dado la espalda a última hora" a la DGA en este acuerdo, que se anunció hace unas semanas, pese a que ya en septiembre se comenzó a negociar con el gobierno de Zaragoza en Común. "Lamento profundamente que el ayuntamiento no vaya a colaborar, como así parecía, y que no entre dentro de sus prioridades resolver un problema de emergencia de la gente, como ellos dicen", dijo la consejera, quien añadió que no encuentra "ningún motivo".
Otros años, el consistorio dedicaba una parte de sus ayudas de emergencia a sufragar becas de comedor a niños cuyas familias se quedaban fuera de la convocatoria oficial porque superaban el requisito económico marcado. Este año, al variar este requisito a dos veces el IPREM, Educación intentó negociar un convenio "para que esa ayudas municipales que eran becas de comedor escolar se destinaran al verano", según añadieron desde la DGA.
GARANTÍA DE CONCESIÓN
En cualquier caso, las 8.500 becas serán concedidas igualmente, ya que corresponden al número de estudiantes que durante el curso escolar han tenido ayuda y, automáticamente, se beneficiarán en verano.
La respuesta a Pérez la hizo la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, quien negó que desde la DGA se les haya planteado algún convenio. Broto, a través de un comunicado, manifestó su "sorpresa" por las declaraciones de la consejera y recordó que en una reunión, el verano pasado, ambas administraciones "coincidieron en que la concesión de las becas de comedor es una competencia de Educación".
"Durante los encuentros posteriores, ningún momento se habló, ni se ha hablado, de firmar ningún convenio ni de reservar para ello ninguna partida económica", añadió Broto.
