La comisión especial sobre las deudas mutuas entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza abrió ayer la ronda de comparecencias de los responsables políticos que han participado en las gestiones y negociaciones del tranvía. Y lo hizo con el testimonio del actual responsable de Economía municipal, Fernando Rivarés, que aportó dos conclusiones: que la vía judicial para exigir los casi 40 millones sigue muy abierta aunque no es la que desea, y que al Gobierno aragonés también hay que achacarle el 5% de los aprovechamientos de Plaza y el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) que le corresponden al municipio, que nunca los ha pagado y que hoy estarían valorados, a precio de mercado, «entre los 18 y 23 millones de euros». Para la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, su precio «sería de 29».

El concejal de Zaragoza en Común (ZeC) explicó que los 207.000 metros cuadrados de Plaza y los 277.000 del PTR que le corresponden al ayuntamiento y «se perdonó» por parte de gobiernos anteriores al no recurrir en los tribunales. Se agotó el tiempo para hacerlo y hoy depende de un acuerdo «político y técnico». Se refería a un convenio que nunca se llegó a firmar en el 2006 pero que se pactó inicialmente a cambio de cesar la acción legal.

Un documento en el que, por otra parte, se incluía, el compromiso de financiar el tranvía. Luego, en el 2009, se hizo el convenio para fijar los compromisos económicos de la línea 1. Aunque los firmantes de este, el exconsejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, y la concejala de Servicios Públicos, Carmen Dueso, son los únicos que han declinado la invitación a declarar en esta comisión.

En él se establecía un calendario de pagos que se vio alterado cuando en el 2012 por el entonces consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, que empezó a exigir la justificación de un pago del tranvía que debía regirse por la ley que regula las subvenciones de capital. Y, respecto al PTR y Plaza, condicionó el pago a la entrega de las zonas verdes de Plaza al consistorio, que tienen un coste millonario cada año.

Se truncó y hoy la intervención autonómica solo admite liquidarlo por 7,9 millones, no 39,7 como exige ZeC. Así, Rivarés aseguró que ha encargado una auditoría sobre los costes financieros de la línea 1 y que «la vía jurídica sigue siendo una posibilidad».