El concejal de Economía, Hacienda y Cultura de Zaragoza, Fernando Rivarés, se ha mostrado satisfecho por el acto de conciliación celebrado hoy entre el consistorio y el Arzobispado de Zaragoza sobre la inmatriculación de bienes, porque el juez ha reconocido su capacidad jurídica y política para hacerlo.

Rivarés ha explicado que el acto, desarrollado en el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Zaragoza, se ha resuelto con una desavenencia entre las partes "como anunció la Iglesia", aunque han hecho "bien" por el reconocimiento que les ha dado el magistrado, en este caso en la reclamación por el templo de La Seo y la iglesia de la Magdalena.

Tras este primer paso judicial, ha afirmado que están a la espera "meses después" de solicitarlo el ayuntamiento de "la respuesta oficial" tanto del Gobierno de Aragón como el Gobierno de España para que "tomen cartas en el asunto".

También ha recordado que la demanda la han basado en la Ley Hipotecaria que estaba vigente cuando la Iglesia inmatriculó La Seo, Santiago el Mayor, La Magdalena y San Juan de los Panetes, que establecía que este tipo de bienes "sólo puede ser de titularidad pública", y que a su juicio "era irregular".

"Treinta años después ninguna administración lo había hecho y el ayuntamiento ha cumplido la Ley y ha logrado que no prescribiera, que en el caso de La Seo era el pasado 8 de abril", ha insistido.

Rivarés ha recalcado que en ningún momento han cuestionado "los usos ni el carácter religioso" de esos bienes, sino que solo han defendido su titularidad pública en lo que querían que fuese "un debate sosegado".

Además ha recordado que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados recientemente ha dado un paso en este sentido a nivel legislativo para pedir un listado de los bienes inmatriculados irregularmente y que deben ser de titularidad pública y pedirla al Colegio de Registradores de la Propiedad.

Para el concejal zaragozano, lo que han hecho ha sido abrir "un camino muy importante" para que cualquier administración haga cumplir la ley y "para que puedan actuar para que los bienes sean de titularidad pública".

Asimismo, ha mostrado su malestar por el "empeño" que ha mostrado la Iglesia en cuestionar el "Derecho Constitucional y legítimo de una administración pública de carácter democrático para entrar en el debate de la titularidad".