El concejal de Economía, Fernando Rivarés, recibió ayer un golpe tras otro durante la comisión permanente especial de vigilancia de la contratación. El primero se debía a la tardanza -dos años- para convocarla. Ha hecho falta un requerimiento del PSOE al Justicia de Aragón para que instara al Gobierno de la ciudad a que fijara una fecha. Básicamente porque, por ley, debe realizarse esta sesión de control anualmente. Según Rivarés, no se podía hacer porque no estaban las memorias.

El segundo golpe estaba relacionado con el aumento de hasta un 46% en el número de contratos menores formalizados en el 2016 respecto al 2015. Según el PP, son «contratos a dedo para amigos y amiguetes», ya que requieren de un proceso menos exhaustivo y de menor control. El concejal lo negó. Para el PSOE, estas acciones demuestran que el Gobierno no tiene proyectos de ciudad. «Los contratos mayores corresponden a acutaciones ambiciosos, que pueden crear empleo», explicó el socialista Javier Trívez. La portavoz de C’s, Sara Fernández, criticó «que se han utilizado para externalizar servicios que podrían haber hecho los técnicos municipales para conseguir informes a favor». Como, por ejemplo, la municipalización.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, manifestó su preocupación por el alto grado de este tipo de acciones contractuales que realizan las sociedades Zaragoza Cultural y Deportes.

También criticaron a Rivarés por la «cifra récord» en facturas abonadas como reconocimiento de obligaciones, es decir, sin contrato en vigor. En el 2016 se pagaron 34,2 millones, frente a los 26 del 20,5 o o 30,3 del 2014. Rivarés explicó que se han regularizado 174 servicios que carecían de contrato.