El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha asegurado hoy que la postura del Consistorio de la capital aragonesa es "defender la ley y aplicarla" respecto a la inmatriculación de bienes patrimoniales por parte de la Iglesia.
Rivarés ha afirmado hoy en declaraciones a los medios de comunicación que la Ley señala que "el patrimonio tiene que estar en manos públicas" y que lo que están haciendo desde el Gobierno municipal "es evitar que se cumpla el plazo" para que la situación se perpetúe "y poder recuperar la propiedad pública" de las parroquias de la Magdalena, Santiago el Mayor, San Juan de los Panetes y La Seo, inmatriculadas por la Iglesia a su nombre.
El consejero ha asegurado que "nadie cuestiona el uso religioso posterior" de los mismos pero ha insistido en que la propiedad de estos inmuebles "como dice la ley, tiene que ser pública" ya que se trata "de cuatro edificios patrimoniales muy importantes que fueron construidos, mantenidos y recuperados con dinero público".
Además, ha apuntado que por el momento no ha habido ninguna respuesta por parte del Arzobispado de Zaragoza ni del juzgado y ha insistido que la intención municipal "siempre ha sido la de la conciliación", hecho por el que presentaron en los juzgados la semana pasada una solicitud de conciliación con el Arzobispado para instar a que los referidos templos pasen a ser de titularidad pública.
Al respecto, ha señalado que se trata de un asunto "muy urgente" y que los gobiernos de la Comunidad autónoma y del Ayuntamiento de Zaragoza "no hicieron antes" lo que, a su juicio, tenían que haber hecho, "que es poner coto a la inmatriculación privada por parte de la iglesia de estos edificios".
"Si no hacemos este acto de conciliación digamos que quedaría para siempre la inmatriculación -que a nuestro juicio es irregular- de la propiedad privada de san Juan de los Panetes, La Magdalena, La Seo y Santiago el Mayor en virtud de una ley del 46 que no tiene por qué aplicarse", ha aseverado el consejero.
También ha definido la postura sobre este asunto del presidente aragonés, Javier Lambán, como de "mantenella y no enmendalla", una opción "legítima" aunque ha reiterado que el Ayuntamiento zaragozano tiene la obligación "de que se cumpla la ley y de recuperar para manos públicas el patrimonio de la ciudadanía; los demás que hagan lo que consideren", ha concluido.
