El Ayuntamiento de Zaragoza vivió ayer su primer debate político en la Comisión de Economía sobre la situación que se está dando en la capital aragonesa a propósito del cobro del Impuesto de la Contaminación de las Aguas (ICA) que recauda la DGA desde octubre. Y lo único que concitó la mayoría fue la conclusión de afear la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de no presentarse a la llamada al diálogo hecha por el consejero Joaquín Olona para analizar la posible revisión del tributo. Un «error» que, según destacaron todos, demuestra las «contradicciones» y la «división interna» que existe en el partido. Este replicó que este asunto lo discutirá en la comisión bilateral, no allí, que se le avisó «24 horas antes» y que ese día «estaba en Fitur».
Todos le recriminaron que no puede exigir una revisión negociada y luego ausentarse. No pueden sumarse al malestar de la calle y enarbolar como «hooligans» la bandera del rechazo vecinal -ya acumula más de 15.000 recursos- y luego, a través de Podemos, aprobar los presupuestos del 2017 en Aragón, que dieron luz verde a girar los recibos a los hogares. Por ley, que es lo que obliga, recordaron.
LAS ‘ALMAS’ Y BLANCANIEVES
Ciudadanos (C’s) comparte ese rechazo al tributo -un «gran despropósito» en todo Aragón- pero lamentó que no se negocie para hacer que se convierta en una tasa del ayuntamiento y se opte por actuar solo en la calle por «demagogia». «Si sale a pedir firmas para derogar el IBI igual tiene más de 15.000», dijo su portavoz, Sara Fernández. Una reflexión que compartieron todos.
La izquierda, por su parte, hizo más hincapié en la «división interna» en las filas de ZeC y sus «contradicciones». Con un día el «romperrecibos» Pablo Híjar negándose a pagar, otro el alcalde pidiendo derogarlo y ayer apostando Fernando Rivarés por dialogar. Son las «almas» del Gobierno, expuso Carmelo Asensio, de CHA, quien se preguntó cuál se impondrá en esta ocasión, «¿la de Blancanieves, que sería el alcalde, o la de sus ocho enanitos?».
«Santisteve lo que tenía que haber hecho es cesar a Híjar», afirmó el socialista Javier Trívez, quien recordó a ZeC que «le gustaría bien poco que otra institución hiciera lo mismo con sus impuestos». En su opinión, «está en su ADN el estigma del populismo y, como ahora ven el revuelo social, se suman a ello».
La conservadora María Navarro incidió en la división de la izquierda, que es la que pagan los ciudadanos a base de confusión. Su «incoherencia», la de ZeC y la del presidente aragonés Javier Lambán al hablar del imperativo legal que obliga a pagar el ICA. «Como todos los impuestos», recordó. Pero también la de Podemos, que tiene parada la comisión de investigación en las Cortes y a la vez se suman a ir a los tribunales contra el cobro del ICA. En su opinión, la formación morada pudo hacer antes mucho más para evitarlo, en la negociación del presupuesto.
El responsable de Economía, Fernando Rivarés, respondió que ZeC quiere que se derogue el ICA, pero sí que está dispuesto a negociar. De hecho, mostró una carta fechada en febrero del 2017 en la que él mismo se dirigía a la DGA para hablar «y nunca hubo respuesta», señaló. En ella exigía una progresividad fiscal, más transparencia a la gestión y que fuera pública, y firmar el convenio que asegure un retorno económico de «4 millones de euros al año» para la capital y que «rompió Gimeno en el 2015». «No sé si él tiene alma o se la vendió al diablo», añadió. «Quizá otros concejales (por PSOE y CHA) defienden el ICA por mandato orgánico».
