El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha pedido al consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, que en el orden del día de la reunión de la comisión Bilateral de Capitalidad se incluyan asuntos que el Ejecutivo no ha propuesto, como el convenio para la cesión de parte del edificio de los juzgados de la plaza del Pilar, el ICA o el sellado del vertedero.

El pasado 31 de mayo, Guillén envió a Rivarés una carta con los asuntos que el Gobierno de Aragón considera "imprescindibles" para ser incluidos en el orden del día de la Comisión Bilateral, que aún no tiene fecha fijada.

Entre ellos, la aprobación del reglamento de funcionamiento de la propia comisión; dar el visto bueno al informe preceptivo para la creación de la Comarca Central; el informe sobre la reunión de la comisión de conflictos de la Comisión Bilateral Aragón-Estado; la aprobación de un convenio sobre el vehículo eléctrico, y la aprobación de las bases para la elaboración del convenio económico bilateral que incluye la Ley de Capitalidad.

Y también la aprobación de una propuesta de convenio sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA).

El 5 de junio, Rivarés envió su respuesta a Guillén, en la que le asegura que en el Ayuntamiento no tienen "ningún problema" en hablar de lo todo lo que plantea, pero también que en la propuesta del Gobierno echa de menos varios asuntos.

Respecto al ICA, Rivarés no duda de que es necesario debatir, pero apunta que Guillén habla de una propuesta de convenio que el Consistorio "nunca" ha recibido y que, por tanto, no sabe qué es lo que propone el Gobierno, más allá de que en 2015 el Ejecutivo desestimó el convenio del que se venía hablando desde la Corporación anterior.

Rivarés pide que en el orden del día se incluya la aprobación, si procede, del convenio enviado en mayo de 2017 y del que el Consistorio no ha obtenido respuesta, para la cesión del 55 por ciento del edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar en los que el Gobierno va a realizar obras.

También otros asuntos, como la valoración y búsqueda de soluciones conjuntas para el centro educativo Ricardo Mur en Casetas, afectado por simas; el sellado del vertedero, cuyo coste, según Rivarés, debe asumir el Ejecutivo en su segunda fase, de acuerdo al convenio suscrito en 2014; la cesión del solar para la construcción del centro cívico Parque Goya, y la ampliación de la cesión de las tierras de Movera por cinco años más para el proyecto de huertos, financiado por la UE para la producción agroecológica.

Sobre los puntos que sí que incluye el Gobierno, además de pedir precisiones acerca del ICA, Rivarés pregunta a Guillén, en referencia al convenio sobre vehículos eléctricos, si se refiere al propuesto "hace meses" junto a la Cámara de Comercio y el Consistorio que no se llegó a firmar y que dio origen a la Mesa de la Movilidad Eléctrica que se constituyó por parte del Ayuntamiento y otros agentes para sacar adelante esta apuesta que el consejero municipal califica de "esencial" para la ciudad.

Sobre la aprobación de las bases para la elaboración del convenio económico, Rivarés estima que la bilateral no tiene que aprobar las bases, sino en convenio en sí, y advierte de que las competencia que ejerce el Ayuntamiento en Educación y Servicios Sociales, y que corresponden al Gobierno de Aragón, pueden verse "seriamente comprometidas" en el caso de que la firma se retrase, dado que el personal y los recursos que las sustentan provienen, en parte, de la financiación autonómica anual.

Rivarés reconoce que es posible que no todos estos asuntos puedan discutirse en una sola sesión de la bilateral, pero considera que si se incluyen en el orden del día, se pueden establecer grupos técnicos de trabajo.

El consejero municipal pide a Guillén, finalmente, que le aclare estas dudas para fijar, "por fin", fecha para la reunión.