El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que las renuncias a derechos laborales, como han tenido que asumir los trabajadores de Opel España, no son el modelo a seguir en España, que lo que debe hacer es aprovechar sus oportunidades y ser atractiva para que las empresas se instalen o se queden.
Rivera ha hecho esta consideración en un desayuno informativo organizado en Zaragoza por Heraldo de Aragón preguntado por el referéndum en el que la plantilla de Opel dio el visto bueno ayer al convenio colectivo suscrito entre la empresa y la mayoría del comité.
Para el líder de Ciudadanos, que España sea atractiva no tiene que ver solo con la negociación colectiva, sino con los impuestos y la legislación.
En ese sentido, ha considerado que el coche autónomo puede ser una oportunidad para España si la aprovecha, y lo que hace falta es una legislación moderna, una zona en la que se puedan hacer las pruebas piloto con garantías y la decisión de un grupo automovilístico.
"Ojalá Opel continúe y mucho tiempo en España, porque es un motor, sin duda, económico" de Aragón y del país y, a su juicio, no se puede esperar que una empresa decida en su consejo de administración si se queda o se va, sino que hay que poner los instrumentos para que se quieran instalar en Zaragoza o Aragón si ven la oportunidad y si no las "machacan a impuestos", si hay una legislación que lo permita o porque son pioneros en un sector determinado.
"Esto no se va a solucionar con subvenciones ni criminalizando a las empresas que están aquí", ha subrayado.
En relación con los impuestos, ha defendido la supresión del Impuesto de Sucesiones por obsoleto, como se ha hecho en comunidades autónomas en las su partido es decisivo, Andalucía y Murcia, y se ha comprometido a trasladar esa postura al presidente de Aragón, Javier Lambán, en su reunión de hoy en Zaragoza, donde por contra no mantendrá un encuentro con el alcalde, Pedro Santisteve.
En cuanto a la financiación autonómica, ha explicado que el modelo que defiende Ciudadanos es una caja común, frente a los cuatro fondos actuales de un modelo que genera una batalla permanente entre las comunidades y el Estado y que es "poco transparente".
El objetivo de esa caja común sería garantizar la educación, la sanidad y la dependencia, y si una comunidad quiere tener policía autonómica o televisiones públicas, que las pague.
Eso sí, y en lo que afecta a Aragón en particular, con parámetros de nivelación, porque no es lo mismo, ha matizado, dar un servicio sanitario en una comunidad con dispersión territorial o envejecimiento de población que en otra donde no se dan esas circunstancias.
Pero la actualización de esos parámetros es algo que se debe hacer cada cinco años y no ha hecho el Gobierno, que además, ha criticado Rivera, se ha "pasado por el forro" lo que determinó un grupo de expertos, como se vio con el cupo vasco.
"A lo hora de repartir el dinero aquí no puede haber privilegios", ha defendido el líder de Ciudadanos, quien no obstante es "escéptico" con lo que vaya a hacer el Ejecutivo, porque "puede caer en la tentación" de llegar a acuerdos con el PSOE no pensando en el modelo económico y financiero, sino en quien gobierna en cada comunidad, con un "cambio de cromos".
El litigio que mantiene Aragón con Cataluña por bienes religiosos es otro de los asuntos al que se ha referido Rivera, quien ha defendido el cumplimiento de las sentencias judiciales, pero también los acuerdos en lugar de los litigios en los tribunales, y que pueda haber colaboraciones con convenios para que se puedan visitar de una manera u otra y las comunidades puedan "compartir la riqueza".
"Porque todos esos bienes no se van a Ucrania, están en España, y al final la batalla es si están en esta provincia o en la otra" y él, ha remarcado, como español lo que ve es que "es patrimonio español, y es de todos" y las luchas territoriales le "entristecen".
En su opinión, "demuestran un poco el freno que supone este tipo de pugna a la España que queremos".
En cuanto al Plan Hidrológico Nacional y al trasvase del Ebro, Rivera ha reclamado la mesa del agua que forma parte del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy, y el Gobierno tiene la obligación de convocar a comunidades y cuencas hidrográficas y proponer un modelo que tenga en cuenta "la necesidad de agua para todos pero también garantizar los caudales ecológicos".
En ese sentido, ha apuntado que el modelo de plan hidrológico no puede ser el de 2010 por la situación actual de los ríos debido a la sequía, y el debate futuro, en su opinión, no van a ser los trasvases, sino cómo se saca agua de las desaladoras o cómo se mejoran los riegos en las zonas más deficitarias.
