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Robos, dineros y expropiaciones

Los bienes y tesoros en espacios de la Iglesia Católica han de estar sujetos a las leyes comunes del Estado.

ANTONIO Aramayona ANTONIO Aramayona 13/07/2011

Todos parecían estar conmocionados y pesarosos tras el robo del Códice Calixtino en la catedral de Santiago de Compostela. Como si se tratara de una novela de Raymond Chandler, la llave estaba puesta en la caja fuerte donde se guardaba el códice y los clérigos responsables del archivo catedralicio tardaron varios días en darse cuenta de su desaparición. En la tele algunos expertos equipararon el valor "incalculable" del Codex Calixtinus a las Meninas de Velázquez o la Alhambra de Granada, pero tras tanto encomio y tanta valoración apareció la cruda realidad: el códice no estaba asegurado, no había cámaras de seguridad dirigidas a la caja fuerte y algunos intentaban consolarse diciendo que el robo debía de haber sido perpetrado "por encargo", por lo que su nuevo dueño no podría hacer ostentación de semejante tesoro, pasándose entonces del onanismo erótico-sexual a una nueva modalidad onanista: el onanismo bibliográfico.

Otros clérigos católicos se apresuraron a proclamar a los cuatro vientos televisivos que "la iglesia no tiene dinero para-" y sesudos especialistas en biblioteconomía, patrimonio artístico y seguridad escribieron sobre los enormes fallos de seguridad de que adolecen muchas obras de arte en España, principalmente en las catedrales e iglesias abiertas al público, por lo que muchos comenzamos a suponer que, en breve plazo y a pesar del persistente turbión de la crisis económica, los millones iban a llover para el mantenimiento del nebuloso patrimonio artístico cultural. En el ínterin, nadie ha dimitido aún: ni un obispo ni un deán ni un archivero ni un directivo de alguna empresa de seguridad ni un cargo del Ministerio de Cultura. Nadie se hace responsable o parece haber conocido la chapuza celtibérica de esperar que la divina Providencia cuide de los tesoros sitos en museos y archivos catedralicios y diocesanos. Más aún, una vez más queda bien claro el principio de que "la culpa ha de ser siempre de otro".

Al declarar un alto cargo del Ministerio de Cultura que el códice y otros tesoros culturales son "bienes de la Iglesia y a la vez patrimonio de todos", me vinieron a la mente también otros casos análogos, como los bienes de la Franja, en litigio cainita entre diócesis católicas y tribunales eclesiásticos, supuestamente propiedad de la Iglesia católica y a la vez patrimonio del pueblo aragonés, y me asaltó la misma pregunta de otras veces: a quién diablos pertenece finalmente el Códice Calixtino, quién es, a fin de cuentas, su propietario legal. Más allá de las motivaciones viscerales, por encima de los populismos cachiruleros, compostelanos o de cualquier otra localidad, la respuesta es tumbativa: los códices, hostieros, retablos, custodias, arquetas, cruces, etcétera son propiedad de una institución privada denominada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, perpetuamente dispuesta a recibir el dinero del Estado para conservar y guardar lo que en el ámbito civil algunos siguen empeñados en tener por patrimonio común del pueblo español (aragonés, gallego-.). Una vez todo restaurado y puesto como un pimpollo, la Iglesia Católica cobrará entrada y establecerá horarios de visita a la ciudadanía con cuyo dinero se llevó a cabo la conservación del patrimonio nacional. Propietarios, sí, pero de ningún modo responsables de esos descuidos de poca monta que desembocan en robos del siglo.

En esta misma línea, en la Comunidad de Madrid se ha rebasado con creces los límites de la más decorosa compostura: por un lado, Esperanza Aguirre obliga a los centros escolares públicos madrileños a entregar una llave y poner a disposición un funcionario para el albergue y acogida de los peregrinos que en agosto acudan a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid; por otro lado, a los pocos días nos enteramos de que el comité organizador del evento, presidido por el jerarca supremo del catolicismo visigótico, Rouco Varela, va a cobrar de 10 a 18 euros a cada peregrino, para "facilitar la logística y contribuir a los gastos del evento". Eso sin contar los 25 millones de euros sufragados por las arcas del Estado y otros 25 millones donados por importantes empresas privadas, con las consiguientes desgravaciones, además de los 10.000 agentes de seguridad que estarán presentes esos días en la capital de España, lo cual hace preguntarse a más de uno si tan peligroso ha de ser considerado el señor Ratzinger o si a su fundador, Jesucristo, le hubiese gustado hacer su última entrada a Jerusalén con tamaña fuerza de seguridad o si al presunto primer obispo de Roma, Pedro, le hubieran cortado la cabeza con semejante ostentación de seguridad, papamóvil incluido.

Los bienes y tesoros situados en espacios propios de la Iglesia Católica, incluidos esos mismos espacios han de estar sujetos a las leyes comunes sobre la materia del Estado español. En casos extremos, en principio no deseados, para eso están también la confiscación y la expropiación de bienes por interés social y por el interés general del pueblo.

Profesor de Filosofía

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