La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, aseguró ayer que los tribunales están ratificando lo que su Gobierno pensaba de la gestión que se había realizado en la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza.
Resaltó, tras firmar un convenio con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que se ha demostrado que el proyecto "no fue del todo ortodoxo como debía haber sido", respondiendo así a las preguntas de los periodistas sobre el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, en relación al conocido como caso saqueo, en el que están imputadas 23 personas.
Asimismo, subrayó que los acontecimientos les están dando la razón, en contra de "aquellos que les acusaban de querer desestabilizar Plaza o de ir contra el Gobierno anterior socialista".
Las principales críticas a la DGA salieron de los imputados en el caso apartadero ferroviario, puesto que el retraso en la emisión de un informe al Tribunal de Cuentas fue lo que llevó a la Fiscalía a interponer denuncia. Especialmente lo hicieron los ya desimputados Ricardo García Becerril y el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó.
FALLO
Desde el Gobierno que dirige la popular se reconoció que se había producido un fallo, pero que en ningún momento fue algo intencionado y se cesó al responsable de realizar dicho envío.
El juez que lo archivó definitivamente también reprochó la actitud gubernamental para justificar que no había visto delito de prevaricación administrativa a la hora de adjudicar estas obras a Acciona-MNL, si bien el caso podría reabrirse.
El nuevo informe revela que se sabía la adjudicataria desde seis años antes del comienzo de los trabajos, incluso el dinero de las desviaciones.
