La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, deberá comparecer ante la Diputación Permanente para hablar de las enmiendas introducidas por el PP en el Congreso a la Ley de Montes relativas al trasvase Tajo-Segura y que, según la oposición, pueden "abrir la puerta" a una futura transferencia de caudales del Ebro.

La Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy por unanimidad la comparecencia de Rudi el próximo jueves, 7 de mayo, después de que el PP en el Congreso de los Diputados haya presentado varias enmiendas a la Ley de Montes relacionadas con el trasvase Tajo-Segura, que son las mismas que se presentaron a la Ley de Evaluación Ambiental y que el Tribunal Constitucional anuló en sentencia de febrero de este año.

Entonces, el TC entendió que se había incumplido el precepto del Estatuto de Autonomía que establece que ante cualquier proyecto de transferencia de caudales que afecte Aragón (y la comunidad autónoma tiene una pequeña participación en la demarcación del Tajo) debe pedirse un informe preceptivo al gobierno autonómico, cosa que no se hizo.

Ahora, según han explicado los portavoces de la oposición en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, el proyecto de Ley de Montes vuelve a introducir las enmiendas, a instancias del PP, sin saber si se ha pedido a Aragón el informe preceptivo.

Por eso, a instancias del Grupo Socialista, la Junta de Portavoces ha aprobado la comparecencia de Rudi ante la Diputación Permanente, el mismo día en el que la consejera de Educación, Dolores Serrat, explicará los motivos que han llevado al Gobierno de Aragón a autorizar a la Universidad San Jorge que imparta los grados de Magisterio, en las ramas de Educación Infantil y Primaria.

El portavoz socialista, Javier Sada, ha dicho que quieren saber si el ejecutivo ha cumplido la sentencia del TC y, por tanto, pedirá a Rudi que explique si se ha elaborado ya el informe preceptivo y previo la Ley de Evaluación Ambiental que obliga el Estatuto de Autonomía y si éste se ha elaborado en función de los preceptos de la Ley de Ríos y Aguas de Aragón que entrará en vigor en junio.

Las Cortes aprobaron recientemente una proposición no de ley en la que se especificaba que, en el caso de que se solicitara un informe previo de estas características al ejecutivo antes de que entrara en vigor la Ley de Aguas y Ríos, se autorizaría un procedimiento análogo al que fija esta norma pidiendo informes sobre los proyectos de trasvases al Consejo de Ordenación del Territorio, a los servicios jurídicos de la DGA, al Consejo Consultivo de Aragón y al Instituto Aragonés del Agua.

A propuesta del PAR, la Junta de Portavoces también ha aprobado un documento que insta al Gobierno de Aragón a cumplir este punto, a que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y a que traslade "de inmediato" a los grupos parlamentarios los informes que haya podido elaborar en relación con este asunto, ha indicado el portavoz aragonesista, Alfredo Boné.

Boné ha expresado sus dudas acerca de la posibilidad de que las enmiendas relativas al trasvase de Tajo en la Ley de Montes puedan "sentar jurisprudencia" y, por "mimetismo" se apliquen a otras cuencas, como al Ebro.

Por su parte, el portavoz popular, Antonio Torres, ha calificado de "improcedente" y "torticera" la petición de comparecencia del PSOE, pero también ha mostrado la voluntad de los populares y del gobierno de hablar del asunto para mostrar "con contundencia" su posición en contra del trasvase.

Para Torres, las enmiendas a la Ley de Montes "no tienen absolutamente nada que ver" con el trasvase del Ebro.

En todo caso, la presidenta tiene potestad para delegar en cualquier miembro de su gabinete, y aún no se ha tomado la decisión de quién comparecerá, ha explicado.

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, también ha considerado que las enmiendas ponen sobre la mesa "ciertas dudas" en el sentido de que el trasvase del Tajo pueda ser "extrapolable" al Ebro, y ha añadido que "posiblemente" éstas entran "en colisión" con el Estatuto de Autonomía.

Finalmente, Patricia Luquin, por IU, ha insistido en que "no puede haber ningún tipo de duda o ambigüedad" que permita un trasvase del Ebro y ha dicho que pedirá a Rudi que explique si se han solicitado los informes preceptivos desde el Congreso de los Diputados.