La presidenta del gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha recordado hoy que España se rige por un modelo de democracia participativa en el que "valen más diez millones de votos que un millón y medio de firmas", en alusión a las que avalan la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago.

Rudi ha respondido hoy en el pleno de las Cortes a dos preguntas, de CHA e IU, sobre los cauces de participación y expresión de la ciudadanía y sobre las medidas previstas para dar respuesta a los desahucios.

Y ante las referencias de ambos portavoces (José Luis Soro de CHA y Adolfo Barrena de IU), a la aprobación ayer en el Congreso de la reforma de la ley hipotecaria y que fue duramente criticada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), movimiento social que impulsó la ILP sobre este asunto y que considera que su propuesta ha sido totalmente desvirtuada.

Para la presidenta de Aragón, los movimientos sociales "no deben sustituir a la democracia representativa" y en este caso el PP, que aprobó ayer la reforma en solitario, tiene "el aval de los votos" y sus diputados representan a diez millones y medio de ciudadanos.

En todo caso, ha asegurado que "no se ha cerrado el paso" a la ILP, sino que se ha seguido el trámite parlamentario, y ha afeado a los partidos de la izquierda que "pretendan sustituir la representación política por los movimientos sociales" cuando "al final, lo que vale, es la opinión de la mayoría".

Además, Rudi se ha declarado "firme defensora" de los derechos fundamentales, pero "de todos", y al igual que respeta el derecho de manifestación, ha asegurado que defiende "la intimidad de quienes están en política".

Las leyes dicen que "a los parlamentarios no se les puede coaccionar en la toma de decisiones", ha añadido.

"No se pueden organizar manifestaciones en la puerta del domicilio de un representante de la soberanía popular llamándole criminal", ha enfatizado la presidenta en alusión a los escraches convocados en muchas ciudades de España por la PAH para protestar por el grave problema social de los desahucios.

José Luis Soro, de CHA, ha criticado por su parte a Rudi que ignore "por sistema" lo que los ciudadanos le demandan, porque su visión de los movimientos sociales es siempre la misma: que responden a una "teoría de la conspiración y que siempre están manejados por la izquierda y por intereses ocultos".

"Piensa -ha agregado- que son una patología que hay que corregir a porrazos o con furgonetas de la policía o con manipulación y mentiras".

Este pensamiento queda demostrado con el intento de PP y PAR en en las Cortes de Aragón de prohibir la asistencia de público a las sesiones plenarias cuando se traten asuntos "espinosos", lo que evidencia que al PP, según Soro, "le aterra la disidencia y la legítima movilización ciudadana".

Ha vaticinado que aunque el PP tenga mayoría absoluta en el Congreso, "al final se quedarán solos", y por eso ha pedido un "esfuerzo" a Rudi para que sea "consciente" de la realidad y empiece a trabajar "para la gente y no contra ella".

Adolfo Barrena (IU) por su parte, ha recordado que en 2013 ocho familias son desahuciadas de su casa cada día y 275.300 aragoneses viven en situación de exclusión, 107.000 de ellos con menos de 250 euros al mes, mientras hay en Aragón 100.337 viviendas vacías según el último censo.

Por eso, ha estimado que este gobierno debe "empezar a plantear soluciones", porque el Plan de Gestión Social de la Vivienda es "insuficiente".

Y también ha defendido el trabajo de la PAH con su iniciativa legislativa, teniendo en cuenta que no cuenta con los mismos recursos que los partidos políticos, algunos de los cuales son de "dudosa procedencia", ha remarcado Barrena.

Rudi, por su parte, ha defendido el contenido del plan de vivienda social, que beneficiará a los aragoneses con ingresos menores a una vez y media el IPREM, y ha informado de que se está negociando un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y con la Federación de Municipios y Provincias para detectar casos de exclusión social cuando se produzca un desahucio por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler y agilizar la intervención de los servicios sociales del gobierno.