Andan los obispos católicos haciendo propaganda sobre su casilla en la Declaración del IRPF para que la marque todo quisque, pues según ellos, están en el top ten de los benefactores de la humanidad, pero hay que decir unas cuantas cosillas al respecto: por ejemplo, que el motivo y el origen de las casillas fue servir de coartada para colar la casilla de la iglesia católica, y que lo mejor que debería hacer hoy el Gobierno es eliminar esa y cualquier otra casilla (sí, también la de los fines sociales) de la Declaración de la Renta. La ciudadanía debería saber además que, a pesar de toda la publicidad que la jerarquía católica ha hecho al respecto, los 252 millones de euros que recibieron el último año por la casilla "Iglesia Católica" los destina al sustento del culto y del clero, al mantenimiento de sus diócesis, seminarios, congresos, manifestaciones y propaganda varia, incluidas sus campañas contra el derecho a la libre elección de la orientación sexual, la investigación científica para salvar vidas y curar enfermedades, la muerte digna y la eutanasia, etc.
Dicen los obispos además que el año pasado subió alrededor de un 3% el número de quienes marcaron su casilla y la cantidad del dinero percibido, pero omiten que el número total de declarantes subió ese mismo año más de un 11%, lo que pone de manifiesto que siguen en retroceso relativo a pesar de todos los millones que gastan en publicidad. Parece que tampoco quieren hablar de que solo el 21% de los declarantes marcó la casilla de la Iglesia Católica, más otro 12% que marcó ambas casillas, lo que significa que el 66% en 2009 (63% en 2008), más de 14 millones de declarantes, no marcaron la casilla de la iglesia católica. En cualquier caso, los 252 millones de euros recibidos por la iglesia católica del IRPF es una nadería en comparación con lo que reciben de los Presupuestos Generales del Estado cada año: una cantidad que ronda, como mínimo, entre los 6.500 millones y los 15.000 millones, para cubrir, por ejemplo, gastos tan socialmente perentorios como 600 millones para sueldos de profesores de religión católica en la escuela, 30 millones para capellanías castrenses o 3.500 millones para subvencionar colegios privados concertados, sin olvidar los 750 millones, como mínimo, ahorrados por impuestos y tributos impagados por estar exenta la iglesia católica.
No es, pues, precisamente un ataque de anticlericalismo, sino de democrática sensatez, de aconfesionalidad real y de justicia social, recomendar que no se marque la casilla "a la Iglesia Católica". Pero hay motivos análogos para no marcar tampoco la casilla de asignación tributaria a "fines sociales". Estos son de tal importancia para la convivencia nacional e internacional que deben ser definidos, delimitados, regulados y asignados por el Parlamento con criterios objetivos y abiertos, con luz y taquígrafos (aunque, en realidad, no hay forma de que la ciudadanía cuente hasta ahora con una información completa y veraz sobre este asunto). La asignación y distribución de los fondos públicos para ONGs no deben quedar a merced de la buena voluntad del contribuyente ni de la discrecionalidad o arbitrariedad de la Administración.
Por otro lado, la casilla de la iglesia católica y la de "fines sociales" son, en buena parte, el envés y el revés de una misma moneda: entre el 40% y el 60% de la asignación para "fines sociales" se entrega a organizaciones y fundaciones católicas, algunas de las cuales destinan parte de esos fondos a propaganda y proselitismo confesional. No es otra la razón de que la Conferencia Episcopal Católica anime a marcar ambas casillas a través de la campaña (que paga con nuestros impuestos) con que nos está bombardeando estos días en los medios de comunicación. Para colmo, en el caso de querer contribuir por la iglesia católica sí se puede elegir casilla, pero en la otra casilla no se puede elegir, en cambio, a qué ONG o ONGs se quiere designar tal contribución.
En realidad, lo más sensato sería que la Administración eliminase ambas casillas y cualesquiera otras en las declaraciones de la renta futuras, y que el Parlamento asignase en los Presupuestos Generales del Estado de cada año a qué ONGs se destina una ayuda y su cuantía. Las iglesias deben autofinanciarse mediante las aportaciones voluntarias y directas de sus fieles y deben anularse de inmediato los Acuerdos con el Vaticano en materia económica. Entretanto, mientras por desgracia las cosas permanezcan como están, la iglesia católica, su organizaciones, asociaciones y fundaciones, al igual que deben hacer las demás asociaciones y fundaciones, deberían rendir cuentas anualmente ante el Parlamento mediante una Memoria económica completa, veraz y exhaustiva.
En resumidas cuentas, si a usted le parece, no marque en su Declaración de la Renta ni una ni otra casilla. Deje que sus impuestos vayan al fondo común de los Presupuestos para necesidades públicas (escuela, sanidad, infraestructuras, medio ambiente, servicios sociales). Sáquese, pues, de las casillas. Profesor de Filosofía
