La técnico del laboratorio de Microbacterias del hospital Miguel Servet de Zaragoza, que fue detenida por inocular en las muestras de cinco pacientes la bacteria de la tuberculosis, ha salido del centro penitenciario de Zuera al que fue enviada hace cuatro meses.
Una puesta en libertad que decretó la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital aragonesa, Beatriz Muñoz, después de que el laboratorio que analizó las probetas intervenidas en su domilio certificara que la imputada, M. P. V. V. , no escondía en el interior la cepa de la tuberculosis que permanece extraviada desde que se hiciera público este caso, tal y como adelantó este diario.
Y es que en la anterior vez que la abogada defensora, Olga Oseira, solicitó la libertad, la magistrada la denegó por el peligro de que esta mujer pudiera manipular de nuevo de la cepa, que tiene una carga de gérmenes muy elevada, ya que es la que entrega la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los centros hospitalarios para que trabajen con este tipo de cepas.
En esta ocasión, la instructora resalta que M. P. V. V. ha permanecido varios meses en prisión, por lo que «no se han podido llevar a cabo las condiciones especiales de conservación que precisa». Entiende, por tanto, que «no es descabellado pensar en que pudo «deshacerse de dicha muestra para evitar ser descubierta».
A pesar de este cambio de opinión, la instructora resalta que existen indicios «suficientes» para estimar que M. P. V. V. manipuló las cepas entregadas por la OMS al centro hospitalario por su alto nivel de contenido de gérmenes.
Por ello, le impide acercarse al hospital Miguel Servet a menos de cien metros, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar, así como al pago de una fianza de 3.000 euros y la retirada del pasaporte. También deberá presentarse todos los días 15 de cada mes para firmar en sede judicial. La jueza pretende, de esta forma, evitar la posibilidad de fugarse. M. P. V. V. está imputada como supuesta autora de cuatro delitos: contra la seguridad colectiva, lesiones, daños y otro por estafa. Este último es el más sorprendente, ya que se le acusa de haberse apropiado de tarjetas de crédito de compañeros con los que, supuestamente, realizó compras como, por ejemplo, una cámara de fotos.
La procesada mantiene que es inocente y que todo responde a una «caza de brujas» contra ella por un tema laboral.
