El impuesto de contaminación del agua es un caso interesante que cuestiona la solidaridad de la sociedad aragonesa ante la mala gestión de las inversiones en las plantas de depuración de aguas residuales.
El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de 2009 es un plan mal diseñado y ejecutado, con inversiones previstas de 3200 millones de euros en los 732 municipios de Aragón. Se trata de inversiones desproporcionadas ya que la legislación europea solo exige depuradoras en los 62 municipios con más de 2000 habitantes, y sistemas simples en el resto.
La Cámara de Cuentas de Aragón señala que el plan es casi imposible de cumplir, y que el coste de depuración se duplica en las concesiones a empresas respecto a la ejecución directa.
Las consecuencias de la mala gestión del plan deberían recaer sobre los responsables políticos de su elaboración y puesta en marcha, y no sobre los ciudadanos.
Ahora bien, la propuesta de que Zaragoza no pague el ICA supone insolidaridad con el resto de Aragón, y sorprende que esta propuesta la promuevan algunos partidos de izquierda. La renta del municipio de Zaragoza alcanza el 60% de todo Aragón, por lo que los costes de depuración en el resto de Aragón recaerían en la población rural con menos recursos.
El argumento de que Zaragoza ha pagado su depuradora no sirve, porque también hubo una mala gestión en su construcción con un despilfarro del 40% de su coste, y al final lo han pagado los ciudadanos y no los responsables del ayuntamiento.
Muchos municipios rurales llevan años pagando el impuesto actual y carecen de depuradora. El mensaje que mandaría Zaragoza es que el desastre de gestión del Plan lo tienen que pagar los aragoneses con menos recursos, y es un mensaje en sintonía con el sálvese quien pueda que parece estar en auge en la sociedad actual.
