Oliván admitió ayer que hay 7.800 personas dependientes con el derecho reconocido que no reciben prestación, pero matizó que estos son "mil menos que cuando empezó la legislatura" y defendió el "giro" dado a la política de atención a la dependencia que, según las normas estatales, obliga a priorizar los servicios por encima de las prestaciones económicas a las personas dependientes. En este sentido, indicó que en Aragón hay un 53 % de dependientes con derecho reconocido que reciben prestaciones y un 47% a quienes se les presta un servicio, aunque estos porcentajes eran antes del 67 % y del 33 %, respectivamente. El dato, con todo, sigue lejos de la media estatal (41% con prestación económica y 59% en servicios). "Lo importante es que hemos sido capaces de darle la vuelta a una situación que no era la correcta", enfatizó Oliván.
La portavoz de IU, Patricia Luquin, por su parte, reprochó al consejero que esté "llevando a cabo la demolición del sistema". De hecho, según sus datos, solo se aceptan el 56 % de las solicitudes que se presentan y de ellas se atiende económicamente o con servicios al 45 % tras un periodo de espera que, en ocasiones, "supera los dos años".
En la actualidad, 17.590 personas están adscritas al sistema de dependencia.
