El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón descarta aplicar el día 1 de enero el copago de farmacia hospitalaria --obligación de que los enfermos graves y crónicos no ingresados asuman parte de la medicación dispensada en la farmacia de los hospitales--. A pesar de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que emplazó a las comunidades a implantar la medida el primer mes del año tras haber admitido una prórroga de tres meses --se aprobó en septiembre con la intención de comenzar a aplicarse en octubre--, Aragón prolongará todavía más la espera.
Pero no se sabe cuanto. De hecho, la propia Administración continúa sin aclarar ni la fórmula ni el plazo de implantación. Sanidad asegura que acabará aprobando el copago, pese a las reticencias que provoca la medida pero asegura estar estudiando todavía el proceso, aunque "queremos estudiar caso a caso para conocer la repercusión económica que pueda suponer en los pacientes", insisten desde la DGA.
En todo caso, el departamento sí reconoce estar estudiando vías para asumir el pago de personas sin recursos que no puedan asumir la parte correspondiente con la promulgación del copago, que, según Sanidad, afectará a alrededor de 1.200 pacientes en la comunidad que, actualmente, retiran medicamentos en las farmacias de los hospitales.
La idea es que los enfermos paguen en función de su renta, al igual que ya se hizo con el copago farmacéutico tradicional.
SOLO CEUTA Y MELILLA
Mientras, el ministerio sostiene que no existe un plazo límite para la aplicación de la medida y tampoco hay instrucciones fijas en cuanto a la fórmula de cobro. Así, solo Ceuta y Melilla --los únicos lugares en los que el ministerio tiene atribuida la sanidad-- han implantado ya el copago, mientras que el resto de comunidades se han escudado en problemas de gestión o falta de coordinación para dilatar lo máximo posible un modelo que acumula detractores y que ha provocado un profundo malestar en colectivos sanitarios y sociales.
Algunas, como Murcia, parecen haber diseñado una senda para la instauración, que se llevaría a cabo a través de facturas a nombre del paciente, que deberá hacer ingresos periódicos en cuenta. La opción de instalar máquinas registradoras en los hospitales no se contempla por parte de ninguna comunidad.
Este nuevo copago impone que el paciente abone el 10% del precio de los medicamentos de dispensación hospitalaria, con un tope de 4,20 euros por envase. Únicamente quedarían exentos los parados de larga duración que han agotado los 400 euros de ayuda y aquellos con pensiones no contributivas.
En total, los medicamentos a los que alcanza el copago son 157 presentaciones de poco más de 50 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves (oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros) que, hasta ahora, estaban exentos de pago. "Cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida", aseguran desde el ministerio de Sanidad.
