El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón no recurrirá finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anulaba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud. Este plan permitía a los facultativos prolongar su actividad más allá de los 65 años.

En julio, el TSJA emitió una sentencia por la que anulaba el plan de recursos humano al considerar que "no era global", ya que se había redactado de manera sectorial, regulando exclusivamente el aspecto de la jubilación de los médicos a los 65 años. Dos meses después, a principios de septiembre, el Departamento de Sanidad de la DGA comunicó al Supremo su intención de interponer un recurso de casación, un preaviso para no perder la opción de interponer un recurso en el caso de que se decidiese finalmente llevarlo adelante. En cambio. El consejero del ramo, Sebastián Celaya, aseguró ayer que ya ha firmado la autorización a los servicios jurídicos para que no lo interpongan, al considerar desde el departamento que la sentencia es ajustada a derecho y compartir sus planteamientos en lo que se refiere al plan de recursos humanos.

PROBLEMAS La sentencia que finalmente no se recurrirá declara nulos el acuerdo del Gobierno de Aragón de 30 de abril del 2013 por el que se aprueba el plan, que regula la prolongación de la permanencia en servicio activo al cumplir la edad ordinaria de jubilación forzosa, a los 65 años, además de una resolución y una orden posterior para establecer y dar publicidad al procedimiento. Además, el consejero descartó que puedan producirse problemas por jubilaciones, ya que estas no se realizarán "de golpe" como la ocasión por la que fue recurrida y que afectó a médicos que ya estaban con la jubilación prorrogada. Celaya ratificó la decisión de la sentencia, asegurando que el plan no era correcto, pero matizó que "no quiere decir que las jubilaciones estuvieran mal hechas".

En cualquier caso, la sentencia no obliga a readmitir a los médicos retirados, que según la ley se jubilan a los 65 años, sino que lo que no se reconocía era el plan de recursos humanos general que justifique la prórroga de la jubilación. Ya en julio, Celaya aseveró que "no constaba informe alguno del que pudiese inferir su necesidad tendente a la reposición de efectivos, su distribución geográfica y las implicaciones económicas que se pretendían llevar a efecto".

El consejero anunció que en paralelo a haber tomado la decisión de no recurrir la sentencia, el departamento de Sanidad ya ha comenzado las conversaciones con los sindicatos para empezar a negociar un nuevo plan de recursos humanos, que entre otros aspectos establezca la prórroga de edad de jubilación de los profesionales si se requieren especialistas.